LAS ESTERILIZACIONES. El peor de los crímenes

Escribe Magali Zevallos

Solo en Piura, durante cuatro años, cada semana esterilizaban a 570 mujeres humildes, muchas con engaños y algunas por la fuerza.

 

Víctimas e informe
Durante 1996 al 2000 se realizaron más de 215 mil ligaduras de trompas y 18 mujeres fallecieron. La próxima semana la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial se pronunciará sobre la investigación que está realizando sobre las denuncias de las esterilizaciones forzadas.

 

 

“Aquí mataron a mi hermana”, dice Alfonso Ramos.

A quince minutos de Piura está el poblado La Legua (Catacaos) donde vive la familia de Celia Ramos Durand, quien falleciera tras 19 días de agonía en 1997, como consecuencia de una mala práctica médica y por la falta de equipos quirúrgicos para emergencias, tras una operación de ligaduras de trompas.

Esta política de Estado ejecutada de manera coactiva durante el segundo gobierno de Fujimori representó el más claro desprecio a las poblaciones pobres de nuestro país.

Durante dos meses el personal de la posta médica de La Legua tocó más de 5 veces la puerta de la familia Ramos, en la última visita Celia, de 34 años aceptó hacerse la operación.

El 3 de julio de 1997, ella despertó muy temprano para preparar el almuerzo para sus tres hijas menores, luego de esa tarea familiar se despidió de ellas y de su madre Baltazara.

 

“No demoraré mucho porque es una operación sencilla y rápida”, dijo, repitiendo las mismas palabras del personal médico. Baltazara y sus hijas jamás imaginaron que Celia se despedía de ellas para siempre.

 

Han pasado 16 años desde su partida y su madre aún la llora amargamente. Bastó que le pidiéramos que nos mostrara un cuadro -donde Celia posa feliz con su esposo y sus hijas- para verla llorar desconsoladamente.

Rosa Ramos, hermana menor de la víctima afirma que a Celia no la hicieron firmar ninguna autorización, tampoco tenía una historia clínica en la posta. Según el atestado policial, Celia, en plena operación sentía dolor, se quejaba mucho, por eso el médico que la estaba operando decide que le pongan más anestesia y eso le provoca un paro cardio respiratorio.

Cuando la trasladan a la clínica San Miguel en la ciudad de Piura su estado era crítico: “estado de coma y con signos de daño cerebral severo”.

En La Legua, el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar se inició con campañas de salud gratuita. El personal médico iba puerta por puerta para convencerlos de someterse a este procedimiento quirúrgico, en la posta de La Legua se realizaban alrededor de 20 operaciones al día, pese a que no contaba con las condiciones mínimas para las intervenciones, El día que intervinieron a Celia, ella era la paciente número quince.

Ese año el director Regional de Salud de Piura, Luis Beingolea, declaraba que se realizaban más de 570 operaciones a la semana en la región, lo que da un total de más de 27 mil operaciones al año, cifra que se incrementa, teniendo en cuenta que ese programa operó durante cuatro años (1996- 2000).

PROGRAMA MASIVO

Existen provincias emblemáticas porque en muchas de las comunidades se practicaron de manera masiva estas intervenciones, como Huancavelica, Ayacucho, Junín, Cusco y Piura.

En Piura tenemos el ejemplo de Huancabamba, una de las zonas más golpeadas por la política de esterilizaciones forzadas, una práctica colectiva engañosa. Las mujeres eran recogidas en ambulancias y se les informaba que solo recibirían una vacunación (inyección).

En realidad eran anestesiadas para practicarlas las ligaduras de trompa en condiciones inadecuadas, todo esto consta en el expediente del Ministerio Público. Para Fujimori, con la mutilación de los pobres se iba a erradicar la pobreza.

“Las esterilizaciones han sido una práctica masiva, generalizada y sistemática, es decir planificada y organizada jerárquicamente, donde los operadores de salud tenían que cumplir con metas, a través de incentivos y sanciones. Se comprobó que en la mayoría de los casos se realizaron sin consentimiento informado –estos casos se encuentran en investigación fiscal en curso- con engaños, manipulación e incluso mediante secuestro y violencia”, dice María Ysabel Cedano, abogada de Demus.

Cedano señala que esto constituye un crimen de lesa humanidad del que es culpable un gobierno. “Hay documentación oficial que demuestran que Fujimori era informado regularmente sobre las estadísticas y las metas. No se preocuparon de aplicar protocolos de consentimiento informado hasta que la Defensoría del Pueblo intervino, aún con el escándalo se siguió con el mismo mecanismo”.

En la actualidad aún no hay responsables sancionados, lo que existe son nuevas denuncias, hay alrededor de 10 mil mujeres afectadas, según afirmó el viceministro de Derechos Humanos ante el Comité de Derechos Humanos.

 

“Esto es un delito grave, se habla de utilización de medicamentos de muy baja calidad, se realizaron las intervenciones quirúrgicas en establecimientos que no eran adecuados, se llegaron a operar a mujeres en carpas, esto se evidencio y se probó”, dice Cedano.

JUSTICIA PENDIENTE

Alfonso Ramos, hermano mayor de Celia, lleva 15 años en búsca de justicia. Asumió esa defensa porque el esposo de Celia firmó una transacción extrajudicial, que permitió que el caso se archivara en diciembre de 1997, por lo que el Fiscal Provisional de la Tercera Fiscalía de Piura fue denunciado por prevaricato, por haber permitido la “solución” cuando había un hecho punible de muerte.

“Las enfermeras, los médicos tenían incentivos, había metas, eso ya está demostrado, a pesar que el ex ministro de salud y actual congresista Aguinaga trate de zanjar responsabilidades, los documentos hablan”, dice Alfonso.

Alfonso, en representación de la familia, interpuso una demanda ante tribunales internacionales, porque el caso había sido cerrado en el país y dice que “lo que se ha logrado es que se abra nuevamente estos procesos”.

“Esta investigación tiene todos los argumentos, hay informes de la Defensoría. Nosotros estamos esperando que el gobierno del presidente Humala cumpla con su compromiso de reparar; el tema de las esterilizaciones forzadas ha sido colocado en el debate presidencial, porque Humala se enfrentaba a la hija de Alberto Fujimori, y los compromisos se cumplen”, señala.

Ante la trágica ausencia de Celia, la abuela Baltazara ha sido la madre y compañera de sus tres nietas, que ya son mayores de edad y profesionales. El Estado nunca las indemnizo ni pidió perdón, la familia Ramos seguirá en busca de justicia hasta que haya sanción a los responsables.

Publicado en el Diario La Primera, 24 de noviembre de 2013