18 años de impunidad en el caso de esterilizaciones forzadas:
Co- peticionarias informan a la CIDH de irregularidades y falta de voluntad política del Estado peruano para resolver este caso.
Organizaciones feministas y de derechos humanos denunciaron ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no hay avances de parte del
Estado peruano frente a víctimas de esterilizaciones forzadas, puesto que no ha
cumplido con su obligación de investigar y sancionar a los responsables del
delito de lesa humanidad.
Ayer, 29 de octubre de 2014, las
organizaciones Aprodeh, Cladem, Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional (CJDI), el Centro de
derechos reproductivos (CDR) y DEMUS, co peticionarias del caso 12191 “Mamérita
Mestanza” v. el Estado peruano, sobre esterilizaciones forzadas; sostuvieron
una reunión de trabajo sobre la falta de cumplimiento satisfactorio del Acuerdo
de solución amistosa.
Las co- peticionarias
manifestaron su preocupación por la impunidad, falta de autonomía y de
rigurosidad del Ministerio Público, expresadas en el rumbo que ha seguido hasta
el momento la investigación preliminar y la impugnación de la resolución que
archivó el caso respecto de la comisión de delitos de lesa humanidad imputados
al ex presidente Fujimori y sus ex -ministros de Salud.
Esta resolución reconoce que las
esterilizaciones forzadas configuraron graves violaciones a los derechos
humanos, pero sólo responsabiliza a algunos funcionarios públicos por la
comisión de delitos culposos, desconociendo la existencia de un aparato
organizado de poder, evitando la atribución de responsabilidad a los autores
mediatos.
María Ysabel Cedano,
directora de DEMUS señaló: "Preocupa,
por un lado, que las líneas de investigación no se hayan desarrollado de manera
comprensiva, ya que no se ha analizado el contexto en el que ocurrieron los
hecho. Asimismo, llama la atención las irregularidades procesales cometidas en
el marco de la investigación penal del caso".
Exigen cambio de fiscal
Las organizaciones de defensa de
los derechos humanos cuestionaron la competencia del Fiscal que resolverá la
queja interpuesta, ya que no es el llamado por ley. Exigieron que el Estado
subsane de una vez por todas las irregularidades procesales y de fondo que se
vienen cometiendo en esta investigación. Gloria Cano, Directora de APRODEH,
llamó a que se respete el principio de fiscal natural sin dejar margen a la sospecha de
manipulación política alguna.
También cuestionaron que en la
investigación y la resolución, el caso de Mamérita Mestanza se trate como un
caso aislado, cuando es emblema de una política de Estado que sistemáticamente
esterilizó de manera forzosa a miles de mujeres y hombres de zonas rurales y
urbano populares de nuestro país, quechuablantes y en situación de pobreza, que
en muchos casos no comprendieron a que se sometían.
En cuanto a las reparaciones,
exigieron que las relacionadas a salud y educación para las y los familiares de
Mestanza sean efectivizadas tal y como lo indica el Acuerdo de Solución Amistosa,
suscrito en 2003. Asimismo, la representante de CLADEM,
Cristina Zurutuza, señaló que el gobierno del presidente Humala debe
garantizar una política reparaciones integrales para todas las víctimas de este
crimen.
Patrón sistemático de graves violaciones a los DD.HH
De acuerdo con el
informe presentado por el fiscal Marco Guzmán Baca el presente año, se estima
que existen 10,000 mujeres presuntas víctimas de esterilizaciones forzadas en
todo el territorio nacional.
Un total de 1,448
mujeres (Cuzco 830, Piura 410 y
Cajamarca 208)[1]
fueron llamadas a declarar. Actualmente
existen 2,074 víctimas incluidas en el expediente de investigación penal de
Mestanza.
Estas cifras, así
como otros estudios, demuestran que las esterilizaciones forzadas ocurridas
entre 1996 y 2000 no constituyen, en modo alguno, hechos aislados, excesos, ni
mucho menos actos de negligencia cometidos por personal médico y profesionales
de la salud. Por el contrario esto muestra que se trata de un delito de lesa
humanidad, que se impulso y ejecutó en el marco del Programa Nacional de Salud
Reproductiva y Planificación Familiar, impulsado por el ex- presidente Alberto
Fujimori.
PETICIONES SOLICITADAS AL ESTADO PERUANO
1.
Garantice el apego a
la ley en todo aspecto relacionado con la investigación penal y respete el
principio de juez natural en su aplicación a la fiscalía a cargo de investigar
el presente caso. En consecuencia, que reconozca la nulidad de lo actuado y se
tomen prontamente las medidas necesarias para garantizar la actuación de la
fiscal natural suministrándole todos los recursos financieros y humanos
necesarios.
2.
Conduzca una
investigación en forma pronta, imparcial, independiente y efectiva a fin de
identificar tanto a los autores materiales e inmateriales de los delitos y
conduzca una investigación que incluya y reconozca el contexto y patrón de las
esterilizaciones forzadas en el Perú y la gravedad de las conductas por su
grave vulneración a derechos humanos fundamentales.
3.
Se cumpla con las
reparaciones integrales en materia de salud para los familiares de Mamérita
Mestanza a través del acceso efectivo a un servicio médico especializado y
completo que reconozca y responda a su situación de víctima de violación a
derechos humanos. Para ello, el Estado debe actualizar los registros en la
localidad de La Encañada para que los familiares de Mestanza puedan acceder sin
limitaciones a los servicios de salud. También debe diseñar
e implementar un certificado de identificación de víctimas de
violaciones a los derechos humanos y sus familiares que garantice el acceso de
manera comprehensiva e integral a los servicios de salud, con reconocimiento de
su situación de víctima de violaciones a derechos humanos.
4.
Otorgue un estipendio
que incluye transporte, alimentación, hospedaje que le permita a los familiares
de Mestanza hacer efectivo su derecho de acceso a la educación, en conformidad
con lo solicitado por los beneficiarios.
5.
Cree un Programa de
Reparaciones Integrales para todas las víctimas de las esterilizaciones
forzadas cometidas en el marco de la aplicación del Programa de Planificación
Familiar y Salud Reproductiva.
6.
Establezca un
cronograma de cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo de
Solución Amistosa y los que se decidan
en esta reunión.
El Estado peruano deberá responder este petitorio en
el marco del cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa en el caso de
Mamérita Mestanza.
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