Manifestaron su preocupación por la impunidad y falta de autonomía y de rigurosidad por parte del Ministerio Público, expresada en el rumbo que ha seguido hasta el momento la investigación preliminar y la impugnación de la resolución que archivó el caso respecto de la comisión de delitos de lesa humanidad imputados al expresidente, Alberto Fujimori y sus exministros de Salud.
El abogado de las víctimas de esterilizaciones forzadas que patrocina DEMUS y exprocurador anticorrupción, Julio Arbizu, señaló que este caso tiene 18 años sin judicializarse. “Siempre se ha quedado en etapa preliminar y se ha archivado una serie de veces por razones evidentemente antijurídicas”.
El caso se reabrió en 2011; sin embargo hubo un archivo parcial del fiscal Marco Guzmán Baca con respecto a la responsabilidad penal de Alberto Fujimori y los ministros de Salud de su régimen. Guzmán Baca solo formalizó la acusación contra algunos autores materiales, no todos, por el delito de homicidio culposo (negligente).
“Existe una contradicción, puesto que el fiscal sostiene que estos delitos son graves violaciones a los derechos humanos. Nuestra posición es procesar tanto a los autores materiales como a los mediatos. Para muchos juristas nacionales y extranjeros, aquí se utilizó todo un aparato de poder para perpetrar estos crímenes brutales contra el cuerpo de mujeres y hombres, tratándoles como mercancía en una suerte de efecto maltusiano de políticas públicas”, argumentó Arbizu.“Lo que sucedió después del archivo parcial de la denuncia -continúa el defensor de las víctimas-, es que la competencia debía recaer en una fiscal superior (Dra. Ibáñez); sin embargo, el fiscal provincial (Guzmán Baca) demoró la elevación de la queja, de tal manera que esta fue a competencia de un fiscal distinto, es decir, Luis Landa”.
Frente a las quejas de las víctimas, el propio fiscal coordinador, en una reunión en marzo ante la CIDH, se comprometió, en el marco del Acuerdo de Solución Amistosa, a hacer que la fiscal natural permaneciera en la competencia.
Una vez en Lima, la fiscal llamada por ley se abocó al conocimiento de la queja, pero comunicó al Fiscal de la Nación que por la magnitud y complejidad del caso, ella necesitaba de recursos logísticos y humanos para actuar con rigor en el caso.
En respuesta a esa solicitud, el fiscal de la Nación, en esa época José Peláez Bardales, respondió quitándole la competencia y concediéndosela al fiscal que había conocido inicialmente el caso, Luis Landa.
“Esperamos, en principio, que la resolución a esta queja esté acorde a derecho. Esperamos que tome en cuenta una serie de argumentos sobre el tema de fondo que tiene que ver con la existencia de un aparato organizado de poder como contexto de los crímenes que se han cometido. Que se revise la responsabilidad de todos los imputados y no solo de autores materiales”, manifestó Julio Arbizu.
PRESENTAN TACHA CONTRA GUZMÁN BACA
Durante la conferencia de prensa se dio a conocer la tacha interpuesta contra la candidatura a Fiscal Superior de Marco Guzmán Baca, quien archivó el caso de esterilizaciones de tal manera que ni el expresidente Alberto Fujimori ni sus ministros, pudieran ser procesados penalmente.
La presidenta del Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas (IAMAMC), Josefa Ramírez Peña, habló fuerte en contra de la postulación de Guzmán Baca a Fiscal Superior.
“Este fiscal, cuando fue el año pasado a Huancabamba, él tenía pensado, en su programa, entrevistar a 10 mujeres del pueblo cercano a la ciudad. No se imaginó que iba a tener que entrevistar a 200 mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas”, comentó Ramírez.
“En ese momento- agregó la representante de las mujeres andinas- supimos que ese señor decía las cosas a medias. Prometió que iban a subir los médicos legistas a Huancabamba, que coordinaría con el Instituto de Medicina Legal de Lima para que suban a esta ciudad y al Cusco. Esto hasta el día de hoy no se cumplido. Él se ha burlado de las mujeres”.
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