Del más de millón y medio de personas con discapacidad, hay un grupo pequeño pero significativo que se encuentra en grado de severa y vive en condiciones de pobreza. Para ellos, por ley, les corresponde una pensión no contributiva que, por idas y desacuerdos en el aparato estatal, aún les es esquiva.
A dos años de la promulgación de la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley 29973, y a casi un año de su reglamentación (febrero de 2014), aún no hay ni vestigio del cumplimiento de su artículo 59, que estipula la entrega de una pensión no contributiva para las personas con discapacidad severa.
Pese al reciente anuncio hecho por la Ministra de la Mujer, Carmen Omontes, de que el 2015 se empezaría a pagar la pensión no contributiva, el Ejecutivo no ha establecido todavía los requisitos para determinar cuándo una persona tiene discapacidad severa, tampoco ha fijado el monto de la pensión ni mucho menos ha generado una estadística que contabilice el número de personas con discapacidad severa existen en el país.
En el último año, las distintas instituciones gubernamentales involucradas han llevado a cabo reuniones para definir los puntos necesarios para la entrega de la pensión sin lograr ponerse de acuerdo. En un principio se dijo que se entregaría a través de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), luego mediante el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).
Sin embargo; cuenta el viceministro de la Mujer, Fernando Bolaños, quien también se desempeña como presidente interino del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), se llegó a la conclusión de que la ONP era una institución con varios cuestionamientos en cuestión de rapidez, mientras que el Midis adujo que el tema no era de su competencia.
Finalmente, quedó en manos del Ministerio de la Mujer crear una entidad que se encargue de direccionar las pensiones no contributivas hacia las personas que presenten discapacidad severa y se encuentren en estado de pobreza, extrema pobreza y no reciban ningún otro tipo de ingreso público o privado.
Lo que nos cuenta Bolaños es que si bien su despacho tiene toda la intención y compromiso de asumir esta responsabilidad, están a la espera del protocolo que elabora el Ministerio de Salud, para definir cuándo una persona tiene discapacidad severa.
“Hay una encuesta nacional del 2012 que estableció el número de personas con discapacidad y aún no está definido con claridad, ni siquiera en las personas que ya están registradas en CONADIS, cuáles de estas discapacidades son severas. (Por eso) el Ministerio de Salud está elaborando el protocolo para establecer los requisitos para que se declare una discapacidad severa”, comenta.
Por su parte, Margot Sánchez, integrante del componente de discapacidad en la Dirección General de Salud, aclara que el despacho está tratando de facilitar las certificaciones de discapacidad en general.
“No va a haber una norma exclusiva para calificar discapacidad severa. No es una norma exclusiva solo para ese beneficio. La norma que vamos a sacar es para regular todo el procedimiento para el certificado de discapacidad. En el certificado, el médico cuando evalúa y certifica, ahí decidirá qué grado de discapacidad presenta la persona”, explica la funcionaria.
En julio de este año el Ministerio de Salud pre-publicó la norma técnica para la evalución, calificación y certificación de la discapacidad, la cual se está reformulando con las observaciones alcanzadas por la sociedad civil.
CONGRESISTAS PREOCUPADOS
El último punto pendiente, después de definir responsabilidades y tener las normas legales listas para otorgar la pensión, es el acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que debe decidir si se asigna al Ministerio de la Mujer una partida para empezar a otorgar una pensión, comenta Fernando Bolaños, presidente del Conadis.
El funcionario admite que lo más probable es que no se pueda entregar una pensión para la discapacidad severa a todos a la vez. “Habrá que comenzar por una región. Un grupo se inclinó por que se empiece en Tumbes porque ya se había implementado el programa “Tumbes accesible” que ha hecho ya un censo y lo que faltaría es definir, de todas las personas censadas, cuáles tienen discapacidad severa”.
Si ese modelo se repite, la meta es hacerlo en una o dos regiones más como piloto el 2015, de tal manera que se expandan por el país en los siguientes años. “Eso es lo que estamos definiendo”, dice.
No obstante, varios congresistas ya han hecho notar al Ejecutivo que no existe ninguna propuesta concreta para esto en el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2015. Durante la sustentación del proyecto a cargo de la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, y el entonces ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, los congresistas Jhon Reynaga (Gana Perú), Karla Schaefer (Fuerza Popular), Manuel Merino (Acción Popular) y Rosa Mavila León (Frente Amplio) hicieron notar la ausencia de una partida específica para el pago de la pensión no contributiva para personas con discapacidad severa.
Del mismo modo, el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, el congresista Rubén Condori, nos manifiesta que su despacho está a la espera que las instituciones correspondientes envíen sus propuestas para que la partida para la pensión no contributiva sea materia de debate del Presupuesto 2015.
Alberto Vásquez, presidente de la ONG Sociedad y Discapacidad – SODIS, una de las principales impulsoras de la Ley General de la Persona con Discapacidad, precisa que ese debate debe definirse en los próximos días si es que se quiere cumplir con el anuncio de que la pensión no contributiva comenzará a pagarse en el 2015.
“Se estima que habrían unas 97 mil personas con discapacidad severa en situación de pobreza a nivel nacional. En Tumbes, de acuerdo con un estudio hecho por el propio Conadis, vivirían unas 900 personas con esta condición. Con estos datos fácilmente se puede hacer un estimado de los fondos necesarios para la puesta en marcha de un programa piloto. No podemos esperar otro año”, alerta el especialista.
“Este tema es multisectorial, para que estas cosas se puedan ir logrando y avanzando. Muchas cosas a veces demoran tiempo. Tenemos que trabajar mejor y articular mejor y cada sector debe cumplir con lo que le toca”, sentencia Fernando Bolaños, del Conadis.
Ya estamos finalizando el año y el Congreso está ad portas de debatir el dictamen de la Ley de Presupuesto 2015, en donde no se ha incluido una partida para que el próximo año empiece a implementarse la pensión no contributiva. Si el Ejecutivo no envía una propuesta, aunque sea para un piloto en una o dos regiones, este beneficio tendría que esperar hasta el 2016 para hacerse realidad.
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