viernes, 31 de mayo de 2013

Presentan 60 mil firmas para la Iniciativa ciudadana por la despenalización del aborto por violación


Más de 35 organizaciones de alcance nacional,  colectivos, sociedad civil y dos congresistas de la República, Verónika Mendoza y Rosa Mavila, presentaron más de 60 mil firmas por la despenalización del aborto por violación, además demandaron al presidente de la República, Ollanta Humala y al Congreso el respeto y la garantía de los derechos humanos de las mujeres, la adopción de medidas inmediatas para el cese de la violencia sexual contra las mujeres y la libertad de decidir en caso de un embarazo producto de una violación.

 
“Esta iniciativa busca que nuestra democracia reconozca el derecho de las mujeres sobre nuestros cuerpos, esto sería posible en el marco de un Estado laico que sea libre de la injerencia de ideologías religiosas, y que respete sobre todo los derechos fundamentales de las mujeres”, señala María Elena Reyes, representante de la Campaña Déjala Decidir.

 
La campaña de recolección de firmas que se inició hace ocho meses ya cuenta con las firmas requeridas por el Jurado Nacional de Elecciones JNE, posterior a la presentación de firmas ante el JNE deberá ser trasladado ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para el proceso de verificación y depuración de firmas,  mientras tanto las organizaciones integrantes de la campaña seguirán con la campaña de recolección. Según cálculos del grupo impulsor, la articulación feminista -Flora, Manuela, Promsex, Demus, CDD Perú, Cladem Perú-, esta iniciativa legislativa se presentará en septiembre del presente año ante el Congreso de la República, a fin de que sea debatido en el pleno en un plazo de 120 días.

 
Por su parte, Rosa Ojeda, vicepresidente de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú –integrada por 26 mil mujeres del centro, sur, norte y el oriente del país- sostuvo que diariamente las mujeres campesinas son violentadas. “Poco o nada se conoce los casos de violencia en zonas rurales y comunidades del país, porque no hay lugares donde hacer la denuncia, no hay lugar donde dejar un registro de agresiones, por lo tanto el Estado desconoce la realidad de las comunidades, por ello pedimos al Congreso y al presidente de la República se respete la libertad de decisión producto de este horrendo crimen”, sostuvo.

 
El representante del Colegio Médico, Miguel Gutiérrez, señala que las mujeres violentadas sexualmente, son mujeres que sufren un daño mental, que pone en riesgo su salud. “El problema es que estas mujeres, más aún las mujeres pobres, que son las que tienen menos acceso al servicio de salud ni siquiera pueden recurrir a un hospital para que les den la anticoncepción oral de emergencia para prevenir un embarazo, porque el Tribunal Constitucional prohibió la distribución de estas pastillas, el resultado de esta negativa es que las mujeres que salen embarazadas recurren al aborto, y lo hacen en condiciones clandestinas y de alta inseguridad, poniendo en riesgo su vida. Por ello tiene que haber un cambio en la Ley, no se puede pensar que esta ley promueva el aborto, estamos promoviendo el derecho de la mujer a decidir”, dice Gutiérrez.

 
Un último estudio de Promsex de Jaris Mujica sobre violencia a la mujer refleja indicadores de violencia en la Amazonia, por ejemplo en el distrito de Mazan en Loreto, el 56% de las adolescentes embarazadas entre 14 y 17 años declaró haber sufrido violencia sexual. 79% de mujeres encuestadas entre 18 y 29 años fueron víctimas de violencia sexual en algún momento de su vida. En el 72% del total de los agresores se implica a alguien cercano al entorno personal o de residencia de la víctima.

 
Las congresistas que vienen respaldando esta iniciativa, Verónika Mendoza y Rosa Mavila  estuvieron presentes en la presentación pública. Mendoza resaltó los datos estadísticos de agresión sexual.  1 de cada 5 mujeres ha sufrido violación sexual antes de los 15 años por una persona cercana a su entorno familiar. 1 de cada 10 ha sido violada por su pareja, siendo el Perú el país con mayor tasa de denuncias por violación sexual en toda Sudamérica, donde 8 de cada 10 denuncias corresponden a víctimas menores de edad, y 9 de cada 10 embarazos de niñas de menos de 15 años son producto de incesto”.

 
“No todas las mujeres embarazadas, producto de una violación sexual deciden abortar, pero es necesario indicar que en el Perú se realizan cada año aproximadamente 371.420 abortos inseguros, es decir, más de 1000 abortos al día. Estas cifras dan cuenta que el aborto inseguro o clandestino representa un grave riesgo de salud pública, poniendo en peligro la vida de muchísimas mujeres a diario”, dice Mendoza.

 
“La campaña Déjala Decidir busca promover y fomentar el debate, y lograr que se despenalice el aborto cuando el embarazo es producto de una violación sexual. Nuestro país tiene la tasa más alta de denuncias por violación en la región de Sud América. El 34% de niñas y adolescentes víctimas de una violación sexual resultan embarazadas. El 38,9% de las mujeres alguna vez unida fue víctima de violencia física y sexual por parte de su esposo o compañero.

 
Esta iniciativa ciudadana tiene como objetivo garantizar que existe la posibilidad de ejercer el derecho humano a la salud si así lo decide la víctima.  La Iniciativa no pretende solucionar el problema de violaciones sexuales, más bien entiende el derecho de decisión de interrupción del embarazo en casos de violación, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentidos, como el fundamento para el futuro desarrollo de políticas extrapenales para prevenir embarazos clandestinos, y de esta manera contribuir al bienestar, a la salud pública y mayor ciudadanía.

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