Escribe
Pedro Francke
En
marzo la industria decreció 3,6 por ciento, mientras la inversión minera en el
primer trimestre aumentó más de 20 por ciento.
La conclusión que parece sacar el gobierno: hay que dar más facilidades
a las trasnacionales mineras recortando derechos sociales.
¿Eso
no parece del todo lógico, no? Si cae la industria, ¿no habría que apoyarla? Si
a la minería le va muy bien y avanza como nunca, pero con grandes costos
ambientales y sociales, ¿deben centrarse allí las propuestas para el
crecimiento económico? Si fuere el caso que la economía tiene problemas, ¿debe
por eso agravarse la exclusión social y política?
Esas
preguntas obvias no parecen hacérselas la pareja presidencial. Mientras tanto, el
acomodaticio ministro de energía y minas Jorge Merino hizo la semana pasada un roadshow nacional, paseándose por medios
de comunicación, visitando Las Bambas, y terminando con declaraciones diciendo
que Cañariaco (el proyecto rechazado por la comunidad indígena de Cañaris) va
de todas maneras.
Junto
a eso, el gobierno da marcha atrás en la consulta previa. La experiencia de
varios años ha demostrado que realizar grandes proyectos extractivos sin la
consulta a la población afectada, deviene posteriormente en conflictos. El Perú
firmó hace más de 15 años el Convenio 169 de la OIT, que establece el derecho
de los pueblos indígenas a ser consultados antes de que se promulguen normas y
se entreguen sus recursos naturales. Este Congreso aprobó una ley detallando
como se debe ejercer ese derecho. Pero el gobierno lo ha aguantado
demorando el reglamento de la ley y,
ahora, trata de excluir del mismo a pueblos de costa y sierra ocultando la base
de datos donde se especifica qué pueblos son los que tienen este derecho.
Así,
la industria cae – algo que se venía desde hace un año y señalamos
reiteradamente en esta columna - y el gobierno reacciona dando más facilidades
a la minería mediante el recorte de derechos sociales y ambientales. A
profundizar el modelo primario-exportador. A rematar nuestro oro y cobre. A
aumentar los desequilibrios estructurales. A mantener la exclusión social y política.
¿No sería más lógico,
darle un poco más de apoyo a la industria, al agro, al turismo? ¿No darle
atención solo a las trasnacionales sino también a las pymes y cooperativas?
¿Promover el mercado interno en vez de responder solo a las demandas externas? ¿Favorcer
biocomercio y comercio justo en vez de seguir exportando recursos naturales no
renovables? Digo, es un decir.
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