lunes, 26 de enero de 2015

Autoridades judiciales se comprometen a proteger a víctimas de violación sexual


 En reunión con representantes de organizaciones de mujeres de todo el país, autoridades judiciales se comprometieron a velar por la protección de las víctimas de violencia sexual.
 
Organizaciones de mujeres a nivel nacional, en coordinación con la Defensoría del Pueblo y el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), expresaron una a una sus solicitudes para la protección de las mujeres víctimas de violencia sexual, dentro del sistema de justicia del país. Durante la realización del Diálogo Ciudadano Nacional: Por el acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual, las representantes de los distritos judiciales de Arequipa, San Martín, Junín, Lima, Cajamarca y Huancavelica expresaron sus demandas.
 
La jueza suprema Janet Tello, recordó que durante muchos años ha compartido el objetivo de velar por la seguridad y protección de las víctimas de violencia sexual. “Trabajamos de manera directa en la ley que modificó las normas para que la declaración de menores de 14 años de edad sea única”, dijo.
 
Al mismo tiempo, acotó que se han dictado en el país muchas cadenas perpetuas y sanciones de 20 a 25 años en muchos casos; sin embargo, aún hay mucho camino por recorrer.
 
Por su parte, durante su intervención, el viceministro de Justicia, José Ávila, señaló que el país tiene “Planes de lucha contra la violencia contra la mujer”; aunque admitió  que faltan muchas cosas por mejorar.
 
Anunció la construcción de un consultorio en la ciudad de Lima, que albergará a más de 40 profesionales, entre abogados, peritos, médicos y psicólogos. “Este proyecto que estamos haciendo gracias al financiamiento del Banco Mundial, es pensando en la mujer. Además vamos a dotar a la defensa pública de camionetas, motos. Pero no solo para Lima sino que vamos a solicitar vehículos para las provincias. Es un compromiso que va a fortalecer el sistema de justicia penal”, manifestó.
 
En tanto, las representantes de las organizaciones femeninas dieron a conocer las solicitudes para el cambio en el sistema judicial, entre ellas figura la necesidad de que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que es el ente encargado de elegir y renovar la vigencia de jueces y fiscales, tenga en cuenta, a la hora de evaluar a los postulantes, sus acciones en materia de enfoque de género y violencia contra la mujer, así lo expresó Elvira Chiquisuta, representante de San Martín.
 
Otro de los requerimientos que hicieron saber a las autoridades judiciales presentes, fue la necesidad de un presupuesto para mejorar la infraestructura y atención en la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos (Udavit), dependencia del Ministerio Público. “Necesitamos que la Udavit proteja a las víctimas de violación, en caso su agresor viva bajo el mismo techo”, agregó Doris Ramos, representante de Arequipa.
 
Además, también se expresó la urgente demanda de implementación de más cámaras gessel, que son salas especiales para obtener la declaración de las víctimas de agresiones sexuales.
 
En el país solo hay 30 de estas cámaras, las colas duran de dos a tres meses y solo se usa en caso la víctima sea menor de edad. El pedido también incluye que su utilización se extienda hacia mujeres mayores de 18 años.
 
Es responsabilidad del Ministerio Público, incluir una partida para este fin en sus planes presupuestales. Este será elevado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y finalmente deberá ser aprobado por el Congreso de la República en la Ley General de Presupuesto. Queda en manos de esas entidades.
 
Otra de las solicitudes es que, las declaraciones ofrecidas en las cámaras gessel, sean únicas durante el proceso de denuncia. Ello para la no revictimización de las mujeres violadas, con el fin de evitar que den una y otra vez su testimonio ante distintas instancias judiciales reviviendo el trauma que conlleva una violación sexual.
Esto es responsabilidad del Poder Judicial.
 
Durante un proceso judicial de violación sexual, algunos agresores aducen patrones socioculturales en donde el abuso contra la mujer es visto como una conducta normal. Para ello, la demanda también pasa por exigir pericias antropológicas y que no se le exonere de delito solo por presentar por esta condición.
 
La abogada Janet Llaja, asociada de DEMUS, realizó un sustento jurídico de las medidas y propuestas presentadas. “Estamos abordando el tema violencia sexual, lo que es histórico. Pero hay que seguir visibilizándolo”, dijo.
 
Finalmente, la directora de DEMUS, María Ysabel Cedano, añadió que la violación sexual contra la mujer es una de las expresiones más violentas del machismo y es necesario y urgente tratarlo y erradicarlo.

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