Perú se incluirá en
la lista minoritaria de países de América Latina que prohíben absolutamente el
aborto y cerrará cualquier debate respecto a la ampliación de causales de
aborto no punible, explicitando la negativa del derecho a la vida, a la salud y
a la autonomía de las mujeres y ahondando la discriminación, aún a costa de su
propia vida, dado que solo son las mujeres las que se embarazan.
Hoy la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la
República aprobó un dictamen en contra los derechos humanos de las mujeres y contra
el derecho a la información sexual, el
derecho de acceder a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad a los
adolescentes mayores de 14 años. En el primer punto, el Dictamen establece que
los derechos al concebido son absolutos,
pese a que ni siquiera la Constitución Política les otorga.
“La
aprobación de este Dictamen es sumamente
preocupante, sabemos que los derechos humanos no son absolutos, y en este caso
concreto de los derechos del concebido, el Código Penal peruano ha establecido
excepciones con la aprobación del aborto terapéutico, desde 1924. En ese sentido, se está utilizando este Código
para que de manera completamente irregular se aborde un tema pero sin nombrarlo,
y eso es condenar a las mujeres a la muerte si es que su vida y salud están en
riesgo, acercándonos a países donde la penalización del aborto es absoluta, si
quieren penalizar por completo el aborto deberían señalarlo de manera
transparente y clara, y no escudarse tras la protección al niño”, señala
Rossina Guerrero, directora de Promsex.
“Nos
llama la atención sobre manera que sean las congresistas mujeres quienes hayan
votado a favor de esta fórmula, ya que son las mujeres en nuestro país las
que mueren por causa del embarazo”, dice
Guerrero. Actualmente, las muertes por causas indirectas (enfermedades que
surgen o se agravan con el embarazo) llegan a un 30%, por ello medidas como el
aborto terapéutico tienen también finalidades de salud pública. “La salud de la
mujer pretende ser desconocida con este Dictamen, que se escuda en la
protección del niño, llama la atención que no se diera un debate en este
sentido y que se pretenda sorprender a la opinión pública”, sostiene.
Mientras Susana Chávez,
presidenta de Promsex, sostiene que declarar la protección especial del
concebido, tal como se propone en este Dictamen, sugiere que el huevo
fertilizado, el embrión y el feto, se encuentran en un estado de amenaza y
coloca a las mujeres como sospechosas. Esta visión tan perversa ignora que el
desarrollo del embarazo es interdependiente de la mujer, hasta que el feto alcance
viabilidad, pero a su vez, también desconoce que cada vez, hay más mujeres que tienen
embarazos apreciados y cuidados, porque son planificados y eso hace que las
mujeres sean las principales interesadas en los cuidados de un buen control
prenatal y una atención del parto de calidad.
“Resulta irónico que los
promotores de este absurdo argumenten su posición en la “defensa de la vida”,
cuando es todo lo contrario; Son ellos los que se oponen a los anticonceptivos
que podría reducir al menos el 30% de abortos, son ellos a quienes no les
inmuta la muerte perinatal, que llenan las morgues de los hospitales de recién
nacidos muertos y solo les preocupa la continuidad del embarazo, aunque este no
tenga ninguna viabilidad o haga daño a la mujer. Tampoco les interesa la protección
especial que deberían tener las gestantes, pues si ellas son saludables, sus
hijos también lo serán”, puntualiza Chávez.
Para
Guerrero este Dictamen es nefasto porque
además de estas implicancias para la vida y la salud de las mujeres, no se han
considerado las opiniones técnicas alcanzadas por el Ministerio de la Mujer, la
Defensoría del Pueblo, el Sistema de Naciones Unidas y las organizaciones de
derechos humanos, y más bien han asumido las recomendaciones de agendas basadas
en la Fe, explícitamente de la Conferencia Episcopal y de otros actores cuyas
acciones se basan en la religión católica, es decir, se ha privilegiado actuar
sin hacer uso de la evidencia y el marco de los derechos humanos, sino en base
a concepciones de la vida personal y que tienen una concepción negativa de la
sexualidad y del rol de las mujeres frente a la sexualidad.
Comisión de la Mujer les da las
espaldas a los adolescentes
Por
otro lado, se ha eliminado la obligación que tiene el Estado de brindar información
que permita a los adolescentes mayores de 14 años disfrutar su sexualidad. Y
ello significa algo sumamente grave, pues en nuestro país, los adolescentes
sufren de una serie de eventos adversos producto de una sexualidad, sin
información y sin servicios integrales, tenemos altas tasas de embarazo
adolescente, el promedio es 13.2% pero en Iquitos este llega a 30%.
La
muerte materna en adolescentes es también un grave problema, el 29% son por
aborto y entre las causas de muerte indirecta en este grupo, el 56% fue
por suicidio. Este efecto adverso recae en las adolescentes mujeres y la
Comisión de la Mujer les da la espalda y señala que no tienen derecho a recibir
servicios del Estado, sino solamente información de sus padres.
No hay comentarios:
Publicar un comentario