Mujeres con discapacidad no denuncian por temor a
ser ignoradas y discriminadas
De las
1,838 municipalidades a nivel nacional, solo 438 tienen de 1,838.
municipalidades a nivel nacional, solo 438 tengan OMAPED’s.
Doña
Jovita Oré Pastorelli reniega de sus autoridades. Sobre su silla de ruedas,
reclama por qué en la municipalidad de su distrito no opera la OMAPED. ¿Qué es
eso? Es la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad. De
acuerdo a la ley, debería haber una en cada alcaldía del territorio nacional.
Sin embargo, esto no es una realidad.
En su
calidad de representante de la Asociación Femenina de Discapacitados de Villa
El Salvador, Oré acudió a quejarse ante la Comisión de Inclusión Social del
Congreso y a la Defensoría del Pueblo. Señaló que ni la Gerencia de Desarrollo
Social de su comuna desea saber sobre las necesidades de sus agremiados.
Su amiga,
Claudia Rentería, jefa de la Oficina Regional de Atención a la Persona con
Discapacidad (Oredis) de Piura, le recomendó entablar una acción de
cumplimiento ante el Poder Judicial. Este es un proceso de carácter
constitucional que tiene como finalidad proteger el derecho de las personas a
que las autoridades cumplan lo dispuesto por la ley.
Este solo
es un caso de desidia por falta de ciertas autoridades que no velan por las
necesidades de todos sus pobladores, sea cual sea su condición. Así como este,
existen muchos más a lo largo y ancho del país.
Falta de
OMAPED’s
Mónica
Honores, jefa de Desarrollo y Promoción Social del Consejo Nacional para la
Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), lamentó que de 1,838
municipalidades a nivel nacional, solo 438 tengan OMAPED’s. Es decir, mucho
menos que la mitad.
La
funcionaria explicó que una de las principales labores de esta oficina es el
empadronamiento de personas con discapacidad para conocer cuántas hay en sus
respectivas jurisdicciones. Asimismo, dentro de sus objetivos se encuentra
el ayudar a estas personas en su integración a la sociedad.
“Si todas
funcionaran (OMAPEDs), no solo ayudarían al CONADIS sino a diversas entidades
del Estado para apoyar a cualquier persona de esta condición”, agregó.
Por su
parte, Sonia Povis, responsable del programa de los derechos de las personas
con discapacidad de APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos), recriminó a los
alcaldes distritales y provinciales el no crear sus respectivas OMAPED’s para
atender las necesidades de este amplio sector poblacional.
“De
acuerdo a la ley 29973 y la Ley Orgánica de Municipalidades, cada una de ellas
debería tener una OMAPED. Estas deben ser reconocidas mediante una Ordenanza Municipal,
y tener su propio presupuesto. Lamentablemente esto no ocurre en todos lados”,
indicó.
Temor a
denunciar
Los
principales problemas para que una mujer con discapacidad acceda al sistema
judicial en nuestro país son su temor a efectuar la denuncia, ser víctimas de
discriminación de género y carecer de recursos materiales y humanos, como un
intérprete en el caso de una sordomuda; por citar un ejemplo.
Así lo
precisó Sonia Povis, en la presentación de los avances del informe sobre la
situación de este sector poblacional, el cual pronto dará a conocer APRODEH a
la opinión pública. Agregó que en el 2012, 84 hombres con discapacidad
interpusieron denuncias de todo tipo de discriminación ante la Defensoría del
Pueblo, mientras que únicamente 55 mujeres lo hicieron.
Por su
parte, Luis Fernando Astorga, director ejecutivo para América Latina del
Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (IIDI),
indicó que las personas con discapacidad tienen derecho y se deben eliminar
esas barreras discriminatorias entre seres humanos.
El Dato:
Cualquier
persona con discapacidad de escasos recursos económicos, es decir, que no tenga
los medios para solventar su propia defensa, puede acceder a un abogado de
oficio asistiendo a la Dirección General de Defensa Pública del Ministerio de
Justicia.
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