Escribe Emma Gómez M.
El 5 de junio es una fecha que ningún
peruano debe olvidar. Hace 4 años se dieron los trágicos sucesos de Bagua
que cobraron la vida de 33 personas y una persona desaparecida. Son muchas las
lamentables consecuencias de estos hechos: procesos judiciales que no ha
seguido el debido proceso, funcionarios que dieron las órdenes de las acciones
de represión que no han recibido las sanciones correspondientes.
A raíz de los hechos de Bagua, se abrió el espacio para discutir la implementación del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. Luego de un largo proceso, en setiembre de 2011, el presidente de la República promulgó la Ley de Consulta Previa y en abril de 2012 se aprobó su reglamento.
A raíz de los hechos de Bagua, se abrió el espacio para discutir la implementación del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. Luego de un largo proceso, en setiembre de 2011, el presidente de la República promulgó la Ley de Consulta Previa y en abril de 2012 se aprobó su reglamento.
Estas medidas fueron felicitadas desde
todos los sectores y fueron reconocidas por la comunidad internacional como un
gran avance en la política peruana sobre pueblos indígenas. Era un primer gran
paso, que parecía dar inicio a una etapa seria de reconciliación entre el
Estado y las comunidades nativas a nivel nacional.
Los hechos posteriores han ido
diluyendo el entusiasmo inicial y haciéndonos caer en una realidad que aún es
lejana a entender que el Perú es un país pluricultural y que los pueblos
indígenas deben participar en los procesos de toma de decisión que les afectan.
* Las declaraciones del propio
presidente Ollanta Humala señalando que el derecho a la consulta previa
beneficiaría a los pueblos no contactados, excluyendo a las poblaciones
procedentes de las comunidades campesinas que constituyen la mayoría de la
población indígena del país.
* El presidente también ha señalado
que es deber del gobierno “mantener
un equilibrio frente a la presión de determinadas ONG que veían en esta ley un
mecanismo de poder frente al Estado, frente a las empresas y de poder frente a
los cooperantes extranjeros para pedirles más plata”.
* Anuncios de eximir del proceso de
consulta a 14 proyectos mineros.
* El retroceso en la publicación de la
base de datos de pueblos indígenas.
Esto devela que el actual Gobierno
sigue sin entender el derecho a la consulta en su real dimensión y lo sigue
viendo como un obstáculo para la inversión. Los logros a la fecha han sido más
formales que reales y las demandas de los pueblos indígenas siguen sin ser atendidas,
agudizando en muchos casos las situaciones de tensión en todo el territorio
nacional. Además se han dado declaraciones de ex autoridades y del propio
sector empresarial que han señalado que la ley de consulta atrasa las
inversiones (1) o que han considerado que la
ley es “una trampa en la que
se ha metido el Estado”.
Mientras no se entienda que el derecho
a la consulta es un proceso de diálogo intercultural, y no una traba para las
inversiones, son pocos los avances que se puedan lograr en la protección de los
derechos de los pueblos indígenas y en un reconocimiento de los mismos como
ciudadanos, con pleno derecho a ser consultados y dar su consentimiento sobre
los proyectos que afectan sus vidas.
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