Por Humberto
Campodónico
Una condición
esencial para el fortalecimiento y modernización de una empresa estatal, en
este caso Petroperú, es que debe establecerse una clara política de Estado que
defina sus roles y objetivos. Esto le corresponde a la Junta General de
Accionistas, constituida por tres representantes del Ministerio de Energía y
Minas (incluido el Ministro, que la preside) y dos representantes del
Ministerio de Economía y Finanzas (incluido el Ministro). Cada uno representa
un 20% de las acciones de la empresa.
En lo que
concierne al Directorio de PETROPERU, cinco de sus miembros son designados por
la Junta General de Accionistas-JGA, mientras que el sexto es el representante
de los trabajadores y de la empresa y es elegido por éstos. La Ley Orgánica de
Petroperú establece las atribuciones, funciones y responsabilidades del
personal de la empresa –incluido el Directorio- las mismas que tienen como
objetivo, entre otros, implementar las políticas que emanan de la JGA.
En el caso de
la venta de las acciones de Refinería La Pampilla SA (Relapasa) por parte de
Repsol y la voluntad de compra expresada por el gobierno peruano, debemos
decir, en primer lugar, que la Ley 28840 del 2006 (reseñada en un anterior
artículo de Otra Mirada) establece que Petroperú puede participar en todas las
actividades de la cadena de hidrocarburos.
Dicho esto,
esa voluntad de compra de activos de un tercero (en este caso, Relapasa) debe
venir acompañada de un informe técnico, económico y financiero, que permita
establecer con claridad y transparencia los montos de la compra, la viabilidad
de la inversión a realizar y, sobre todo, las razones que determinan la
necesidad de dicha compra (seguridad energética, abastecimiento oportuno de
combustibles, entre otros).
A nuestro
juicio la compra de Relapasa era muy problemática por los pasivos que tiene y
la enorme inversión a realizar para la desulfurización. Pero eso debió ser
determinado por un análisis prolijo y detallado de un banco de inversión,
mandado por la Junta General de Accionistas e implementado por el directorio de
PETROPERU. Esto fue lo que hizo el anterior Directorio de PETROPERU, con carta
del 31 de octubre del 2012, donde se planteó a la JGA la posible venta de los
activos de Relapasa para que impartan al Directorio “las instrucciones que
consideren convenientes”. Pero no hubo respuesta de la JGA.
Agreguemos
que el análisis que debió haber encargado la Junta General de Accionistas al
Directorio de Petroperú debió haber sido integral, lo que quiere decir que debe
también incluir la realización de los proyectos de inversión que ya tiene la
empresa (Modernización de Talara, entrada a lotes petroleros, como el Lote 64
y, también, a los lotes productores de Talara que revierten al Estado en el
periodo 2013-2016). Estos objetivos figuran en el Plan Estratégico de Petroperú
2012-2025.
Agreguemos,
también, que debe informarse ampliamente y con transparencia a la opinión
pública en general, al sector empresarial y al periodismo las razones que
llevan al Estado a considerar factible la compra de La Pampilla y la
realización de las inversiones existentes. Mas aún si el Presidente de Repsol
viene a Lima a conversar con las más altas autoridades del país pero no se
informa sobre el contenido de estas reuniones.
Es también
clave que la política de Estado sea respaldada por todos los integrantes del
gabinete, lo que no sucedió en este caso durante varios meses. Solo al final,
por ejemplo, el Ministro de Economía declaró que dicha compra de activos solo
se realizaría después de estudios exhaustivos que demuestren su conveniencia.
Finalmente,
pero no menos importante: debe quedar claro que el Buen Gobierno Corporativo
implica la autonomía del Directorio de la empresa en su manejo técnico y
económico, lo cual otorga la garantía a la ciudadanía de que la empresa no
estará –como antaño- dependiendo del poder político, lo que implica la ausencia
de “encargos” como la decoración de Palacio de Gobierno y, menos aún, la
imposición de políticas de precios que hacen que la empresa venda por debajo de
su costo de producción (como ocurrió de 1987 a 1990, con el primer gobierno de
García). Por lo que se ha visto, no es eso lo que ha sucedido en estos últimos
meses.
El corolario
es la “flotación” de las acciones de la empresa en la Bolsa de Valores de Lima,
emulando a las exitosas Ecopetrol y PETROBRAS. Decimos bien corolario pues esta
“flotación” debe producirse, no cuando la empresa solo refina petróleo (lo cual
le da una de las más bajas rentabilidades empresariales) sino cuando ya esté
definido un horizonte de mayor rentabilidad en el mediano plazo, es decir,
cuando esté concretada la producción de petróleo y, también, la modernización
de la Refinería de Talara.
Debe
remarcarse que la población aprueba el potenciamiento de PETROPERU, lo que
quedó claramente demostrado en una reciente encuesta de APOYO, que estableció
que el 72% de los peruanos así lo quería.
En este
artículo hemos tocado los temas de la institucionalidad necesaria para llevar
adelante una política de Estado, lo que incluye a la Junta General de
Accionistas y sus mandatos claros al Directorio de la empresa. En ese marco
actúa la política. Si no se cumple con esa institucionalidad (lo que fue el
caso pues la JGA no se pronunció sobre el pedido del Directorio de Octubre
2012), entonces aquellos que tienen una política contraria a la modernización
–son una minoría, pero tienen gran control mediático-, encontrarán terreno
fértil para debilitar a la empresa con miras a desaparecerla. De lo que se
trata, entonces, es de volver a unir política e institucionalidad para
modernizar y fortalecer Petroperú.
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