El archivamiento de las esterilizaciones forzadas ante la CIDH

Organizaciones de la sociedad civil solicitan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demande que el Estado peruano se pronuncie por el archivamiento del caso de las esterilizaciones forzadas.

La Comisión Interamericana escucha hoy miércoles a las co-peticionarias del caso Mamérita Mestanza, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), el Centro de Derechos Reproductivos (CRR), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)  y DEMUS – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer; sobre el archivamiento de las esterilizaciones forzadas en el Perú por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial (22 de enero del presente año).

Las organizaciones solicitan a este organismo que emita en su Informe Anual mención sobre el incumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa emitido el 10 de octubre de 2003. Asimismo que se inste al Estado peruano a pronunciarse sobre el incumplimiento del mismo, en tanto se comprometió a indemnizar a la familia de María Mamérita Mestanza quien murió tras ser esterilizada-constituyendo el único caso reconocido-, y a  individualizar y sancionar debidamente a los responsables de las esterilizaciones forzadas de mujeres en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, durante el gobierno de Alberto Fujimori entre 1996 y 2000. 

Las peticionarias expondrán en esta reunión de trabajo  varios puntos que el Estado ha vulnerado: primero, no ha cumplido con su obligación de investigar y sancionar a todos los culpables. Recordemos que el fiscal Marco Guzmán Baca emitió una resolución por la cual dispuso no formular denuncia penal contra el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), tres ex ministros de salud y otros funcionarios acusados de este delito. El fiscal sostuvo que el llamado Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar no se trató de una política sistemática del Estado porque no hubo ‘dolo’, es decir, no hubo intención criminal de esterilizar con el propósito de mutilar órganos o causar lesiones graves en las personas. 

Las organizaciones sostienen que: “El Estado con esta resolución no ha cumplido con su obligación de investigar y sancionar porque la investigación realizada no ha respondido al debido proceso”. Además, señalan que hay deficiencias en la misma, pues a pesar de que la legislación peruana no tipifica como delito la esterilización forzada-argumento esgrimido por el fiscal-, sí puede imputarse el tipo penal de lesiones graves, recogido en el  artículo 121 del Código Penal, que señala, claramente, que las lesiones se producen cuando se causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud y lo deja “impropio para su función”.

También denuncian la falta de sanciones civiles y administrativas y alertan sobre el hecho de  que este caso no sea considerado como delito de lesa humanidad. Consideración que viene motivada porque no se reconoce la sistematicidad del mismo.

Finalmente, se pone de manifiesto la falta de avances en la implementación de otras cláusulas, como la falta de acceso a las prestaciones de educación por parte de los familiares de Mamérita Mestanza, la carencia de medidas de monitoreo y de garantía de respeto de los derechos humanos de los y las usuarias de los servicios de salud como consecuencia de su esterilización forzosa, y de la falta de toma de medidas de prevención para evitar que se repitan hechos similares en el futuro.

CON RELACIÓN A LA OBLIGACIÓN DE FORMAR A LOS JUECES Y JUEZAS  EN GÉNERO

Estas organizaciones además sostendrán una reunión de trabajo para verificar el cumplimiento del Acuerdo de Entendimiento del caso MM, suscrito en noviembre del 2012 por la cual el Estado peruano se comprometió a institucionalizar los cursos, seminarios y talleres sobre Género y Justicia en la Academia Nacional de la Magistratura del Perú para que sean incorporados en los programas de la Línea de Formación Fundamental y Línea de Formación Especializada dirigidos a magistrados y magistradas. Hay que recordar que este acuerdo fue suscrito por el caso de MM, una adolescente quechua hablante violada por un médico en la ciudad de Puno el año 1996 y a quien la justicia nacional le cerró las puertas. 

Perú se enfrenta a un retroceso total en derechos sexuales y reproductivos

Escribe Magali Zevallos

Antes de que se cierre la presente legislatura se pondrá en debate el polémico dictamen propuesto por la Comisión de Justicia del Congreso, por el que se reformaría el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, que contempla que el Estado únicamente se limite a brindar asistencia a los padres o tutores para orientar la educación sexual integral de sus hijos, artículo que ya fue presentado en la anterior legislatura, contraviniendo a políticas públicas en la prevención del embarazo.

En el Perú hay más de 160 mil madres adolescentes de 12 a 19 años, de las cuales 4,521 tienen edades entre 12 a 14 años y 155, 738 entre 15 a 19 años, estas cifras se incrementarían notablemente según los expertos porque los padres no hablan de sexo ni dan orientación sexual a sus hijos.

“Hay una responsabilidad institucional enorme que no se puede soslayar, y que no se puede dejar de lado. Se debe respetar el derecho de los adolescentes a ser informados, que reciban un método, si tienen un embarazo que los protejan bien y a prevenir la violencia. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. Los padres no están preparados para brindar este tipo de información”, señala Miguel Gutiérrez, representante del Colegio Médico.

MADRES ADOLESCENTES

Para la congresista Verónika Mendoza el Estado tiene que asumir su responsabilidad en materia de educación sexual y garantizar el acceso a servicios de orientación de salud sexual y reproductiva, inclusive en confidencialidad, sin que necesariamente el adolescente tenga que estar acompañado de sus padres, porque los jóvenes no siempre confían en sus progenitores para tratar estos temas, no olvidemos que tenemos altos índices de violaciones, y estas se dan muchas veces en el propio hogar, dice.

“La aprobación del dictamen resultaría sumamente grave, pues hay que tener en cuenta que la tasa de embarazo adolescentes se mantiene igual desde hace 30 años, y sigue siendo muy elevada, afectando al 13% de las jóvenes, y en algunas regiones de la Amazonía hasta al 30% de las adolescentes”, reflexiona Mendoza.

En nuestro país la tasa de embarazos adolescentes no deseados afecta al 68% de las mujeres, y la mortalidad materna por suicidio se ha incrementado hasta alcanzar al 56% de adolescentes, advierte Promsex.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

“Se debe respetar los estándares internacionales sobre la salud sexual de niños y adolescentes. Lo que tiene que hacer el Congreso es legislar de acuerdo a lo ya señalado por el Tribunal Constitucional, que reconoce la titularidad del derecho a la libertad sexual de los adolescentes, lo que significa que tienen la capacidad de autodeterminación sobre su sexualidad.”, señala Liurka Otsuka, abogada de Promsex.

 

Asimismo, el Tribunal Constitucional reconoce que los adolescentes tienen derecho a toda información vinculada con el ejercicio de su sexualidad, y reconoce al Estado como sujeto obligado a garantizar el ejercicio del derecho a la libertad sexual a través de la educación sexual.

La prevalencia del embarazo en adolescentes se concentra en grupos que presentan rasgos de desventaja social, tales como niveles de escolaridad bajos, situaciones socioeconómicas precarias o el hecho de pertenecer a grupos poblacionales con características de marginación históricas como los grupos indígenas, señala un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Esta situación ubica al embarazo en adolescente como un problema de salud pública y derechos humanos por varias razones: el incremento del riesgo en la salud de las adolescentes madres y del recién nacido, la reproducción de familias tempranas, la prevalencia de bajos niveles educativos en las mujeres, la reproducción de la pobreza, así como el impacto en el entorno inmediato y en la sociedad en general.

ABORTO TERAPÉUTICO

Otro artículo que plantea el dictamen es otorgar al concebido de una protección “especial y privilegiada”, penalizando así incluso el aborto terapéutico –legalizado desde 1924 en nuestro país-, con ello se antepondría la vida del embrión frente a la de la mujer gestante que pudiera enfrentar riesgo en su vida. “Este artículo dificultaría la posibilidad de implementar efectivamente el aborto terapéutico aún más, pues en la actualidad no se logra ejercer este derecho adecuadamente por la falta de protocolos. Resulta además contrario al Derecho, pues ningún derecho puede prevalecer de manera absoluta e irrestricta sobre otro derecho como lo señala el Tribunal Constitucional. Siempre tiene que haber un criterio de ponderación, y en el caso de que estuviera en riesgo la vida o la salud de la gestante, es la vida de ésta la que hay que salvar”, defiende Mendoza.

Miguel Gutiérrez censura esta reforma y considera que de aprobarse “Perú se en enfrenta a un retroceso total en derechos sexuales y reproductivos”. “No se pueden equiparar los derechos de una persona a los del concebido. No es correcto aceptar que un concebido es una persona, porque no lo es”. Además según afirma el especialista, “se está tratando de manipular ideológicamente el tema del aborto terapéutico”.

TRATADOS INTERNACIONALES

Además, según afirma la congresista Mendoza, este artículo “entraría en contradicción con tratados internacionales de derechos humanos a los cuales el Perú se ha suscrito. En todo caso si se quiere poner a debate el tema del aborto terapéutico, del aborto en general, es totalmente legítimo pero no en un Código que tiene que ver con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No es el espacio adecuado para pretender incorporar este tipo de modificaciones normativas”, dice.

Otsuka sentencia que el aborto terapéutico no está en discusión, y que el artículo del dictamen solo crea barreras.

 

Cabe mencionar que en la Comisión de la Mujer del Congreso se viene elaborando un dictamen del mismo proyecto.

Publicado en el Diario La Primera

APRODEH crea un sistema de vigilancia para denunciar la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad

ü  El Estado Peruano aún no ha dotado de un reglamento a la Ley General de la Persona con Discapacidad

 

“Romper las barreras, abrir las puertas: por una sociedad inclusiva para todos”, este es el lema elegido por las Naciones Unidas para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En el Perú existen más de 1 millón y medio de personas con discapacidad que se enfrentan cada día a barreras en el acceso a la educación, trabajo y servicios sociales.  El 23,6% de la población con discapacidad no tiene nivel educativo o sólo inicial, un 36,6% de personas con discapacidad que pertenecen a la población económicamente activa se encuentran en condiciones laborales que les permiten cierta estabilidad económica, y sólo un 1,5% de esta población cuenta con una buena atención en salud, señala Aprodeh.

 

Desde APRODEH recordaron que el Estado Peruano debe dotar de un reglamento a la Ley General de la Persona con Discapacidad –Ley 29973- promulgada el 24 de diciembre del año pasado. “Es un instrumento muy positivo que reconoce los derechos de las personas con discapacidad pero para que se pueda aplicar es necesario adoptar un Reglamento”, demanda Francisco Soberón, Director Fundador de esta organización. Asimismo, recordó que el Gobierno peruano carece de un Plan Nacional de Derechos Humanos.  “Debió de  haberse aprobado hace un año la formulación de un nuevo plan de políticas públicas para el próximo quinquenio. Desgraciadamente ha pasado más de un año y hasta hoy se desconoce los avances”, denuncia Soberón.

 

Pese a estas barreras, se están abriendo algunas puertas. Es el caso del sistema de vigilancia que ha puesto en marcha APRODEH para denunciar la violación de los derechos de las personas con discapacidad.” Este sistema busca el seguimiento y monitoreo del cumplimiento  de las normas nacionales e internacionales a favor de las personas con discapacidad”, explica Sonia Povis, responsable del Programa Derechos de las Personas con Discapacidad de esta organización.

 

Las personas con discapacidad que hayan sufrido algún tipo de vulneración de sus derechos podrán denunciar su caso rellenando una ficha de registro, que podrá hacerse de manera virtual a través de Internet, o de manera presencial si fuera necesario. Esta información pasará a formar parte de una base de datos que tiene el objeto de visibilizar estas denuncias. “Esta información la vamos a poder compartir con las organizaciones de personas con discapacidad y con las instituciones  del Estado, para que vean cuáles son los actos más recurrentes y para que se puedan adoptar las medidas necesarias con el fin de que no se repitan”, comenta Sonia Povis.

 

“Este sistema de vigilancia va a permitir que muchas personas con discapacidad no tengan miedo y defienda sus derechos”, afirma Magally Minaya, presidenta del Centro de Recursos Educativos y de Asesoramiento (CREA).

 

Esta visibilización de la realidad de las personas con discapacidad refuerza esa “necesidad de que todos se reconozcan como sujetos de derechos”, reivindica Victoria Oviedo, integrante del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

Povis señaló que  Aprodeh trabajará de manera conjunta y articulada con organizaciones de personas con discapacidad, para que el sistema de Vigilancia sea una herramienta permanente y útil ante tanta vulneración de los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, a fin de unir esfuerzos se buscará alianzas con instituciones públicas y privadas, organizaciones de sociedad civil, entre otros.

Temor, discriminación y falta de intérpretes son los principales factores para que mujeres con discapacidad accedan a la justicia

Los principales problemas para que una mujer con discapacidad acceda al sistema judicial en nuestro país son su temor a efectuar la denuncia, ser víctimas de discriminación de género y carecer de recursos materiales y humanos, como un intérprete en el caso de una sordomuda; por citar un ejemplo.  

 

Así lo precisó Sonia Povis, responsable del programa de los derechos de las personas con discapacidad de APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos), en la presentación de los avances del informe sobre la situación de este sector poblacional, el cual pronto dará a conocer su organización a la opinión pública.

 

Agregó que en el 2012, 84 hombres con discapacidad interpusieron denuncias de todo tipo de discriminación ante la Defensoría del Pueblo, mientras que únicamente 55 mujeres lo hicieron.

 

“Muchas veces es por temor de las mismas mujeres a enfrentarse a esta sociedad machista, la cual tenemos que cambiar. Discapacidad en una mujer no es sinónimo de incapacidad. Es una condición adicional. Muchas veces los hombres piensan que una mujer invidente o sorda no es competente o productiva. Hay un maltrato por parte de algunas autoridades. ¿Por qué cree que se creó las comisarías de mujeres? Para darles un mejor trato”, afirmó.

 

A su turno, Silvana Vargas, asesora del Ministerio de Inclusión Social, indicó que cuando se trata de una madre con discapacidad, ello no la conlleva necesariamente a tener dificultades para sacar adelante a su familia.

 

Por su parte, Mónica Honores, representante del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) exhortó a todas las mujeres a denunciar cualquier tipo de maltrato.

 

“Que nosotras seamos humilladas, depende muchos de nosotros. Las mujeres debemos hacer una fuerza y no quedarnos calladas. Además, esto servirá para conocer cuántas mujeres con discapacidad están siendo abusadas”, explicó.

 

Todas ellas brindaron estas declaraciones tras participar en el foro ‘Casos de violación a los derechos de las mujeres con discapacidad y su atención en el sistema judicial’, organizado por APRODEH, que tuvo como ponente principal a Luis Fernando Astorga, director ejecutivo para América Latina del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (IIDI).