El archivamiento de las esterilizaciones forzadas ante la CIDH

Organizaciones de la sociedad civil solicitan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demande que el Estado peruano se pronuncie por el archivamiento del caso de las esterilizaciones forzadas.

La Comisión Interamericana escucha hoy miércoles a las co-peticionarias del caso Mamérita Mestanza, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), el Centro de Derechos Reproductivos (CRR), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)  y DEMUS – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer; sobre el archivamiento de las esterilizaciones forzadas en el Perú por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial (22 de enero del presente año).

Las organizaciones solicitan a este organismo que emita en su Informe Anual mención sobre el incumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa emitido el 10 de octubre de 2003. Asimismo que se inste al Estado peruano a pronunciarse sobre el incumplimiento del mismo, en tanto se comprometió a indemnizar a la familia de María Mamérita Mestanza quien murió tras ser esterilizada-constituyendo el único caso reconocido-, y a  individualizar y sancionar debidamente a los responsables de las esterilizaciones forzadas de mujeres en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, durante el gobierno de Alberto Fujimori entre 1996 y 2000. 

Las peticionarias expondrán en esta reunión de trabajo  varios puntos que el Estado ha vulnerado: primero, no ha cumplido con su obligación de investigar y sancionar a todos los culpables. Recordemos que el fiscal Marco Guzmán Baca emitió una resolución por la cual dispuso no formular denuncia penal contra el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), tres ex ministros de salud y otros funcionarios acusados de este delito. El fiscal sostuvo que el llamado Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar no se trató de una política sistemática del Estado porque no hubo ‘dolo’, es decir, no hubo intención criminal de esterilizar con el propósito de mutilar órganos o causar lesiones graves en las personas. 

Las organizaciones sostienen que: “El Estado con esta resolución no ha cumplido con su obligación de investigar y sancionar porque la investigación realizada no ha respondido al debido proceso”. Además, señalan que hay deficiencias en la misma, pues a pesar de que la legislación peruana no tipifica como delito la esterilización forzada-argumento esgrimido por el fiscal-, sí puede imputarse el tipo penal de lesiones graves, recogido en el  artículo 121 del Código Penal, que señala, claramente, que las lesiones se producen cuando se causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud y lo deja “impropio para su función”.

También denuncian la falta de sanciones civiles y administrativas y alertan sobre el hecho de  que este caso no sea considerado como delito de lesa humanidad. Consideración que viene motivada porque no se reconoce la sistematicidad del mismo.

Finalmente, se pone de manifiesto la falta de avances en la implementación de otras cláusulas, como la falta de acceso a las prestaciones de educación por parte de los familiares de Mamérita Mestanza, la carencia de medidas de monitoreo y de garantía de respeto de los derechos humanos de los y las usuarias de los servicios de salud como consecuencia de su esterilización forzosa, y de la falta de toma de medidas de prevención para evitar que se repitan hechos similares en el futuro.

CON RELACIÓN A LA OBLIGACIÓN DE FORMAR A LOS JUECES Y JUEZAS  EN GÉNERO

Estas organizaciones además sostendrán una reunión de trabajo para verificar el cumplimiento del Acuerdo de Entendimiento del caso MM, suscrito en noviembre del 2012 por la cual el Estado peruano se comprometió a institucionalizar los cursos, seminarios y talleres sobre Género y Justicia en la Academia Nacional de la Magistratura del Perú para que sean incorporados en los programas de la Línea de Formación Fundamental y Línea de Formación Especializada dirigidos a magistrados y magistradas. Hay que recordar que este acuerdo fue suscrito por el caso de MM, una adolescente quechua hablante violada por un médico en la ciudad de Puno el año 1996 y a quien la justicia nacional le cerró las puertas.