Carlos Monge,
antropólogo e investigador del Centro de Estudios y Promoción de Desarrollo
(Desco), analiza el proceso de implementación de la consulta previa en el Lote
192.
Tres de las cuatro cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes,
Tigre y Marañón han sido declarados en emergencia ambiental, la primera
(Pastaza) ha cumplido un año de la declaratoria de emergencia, sin embargo las
poblaciones indígenas que habitan en esta cuenca siguen consumiendo agua y
alimentos contaminados. Carlos Monge señala que una cosa es declarar la
emergencia ambiental, y otra que se movilicen todos los recursos que se
necesitarían para solucionar el tema de los pasivos que allí se han acumulado
(cuatro cuencas impactadas durante cuatro décadas en por la explotación
petrolera en Loreto). “Y ahí todo se mueve lento debido a un problema de
articulación de diferentes ministerios”, dice.
“Ha habido declaraciones ministeriales y luego
presidenciales contra el ejercicio de derecho de consulta en el espacio andino
y amazónico en respuesta a la minería, sí hay que decir que Perupetro mantuvo
un discurso que afirmaba que estaba dispuesto a hacer consulta. Incluso en el
sector empresarial, el grupo de empresas petroleras que se han salido de la
Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo y han formado la Sociedad
Nacional de Hidrocarburos, presidida por Beatriz Merino, ha manifestado que la
Ley de Consulta es importante porque dota de legitimidad y sostenibilidad a los
proyectos y de esa manera se evitan los conflictos. Es un discurso menos
confrontacional. Lo del Lote 192 es la prueba ácida de hasta dónde va la
consulta previa, tanto desde el punto de vista del Estado- que es el encargado
por ley de implementar la consulta- como desde el punto de vista de las
empresas que están interesadas en esos proyectos de inversión”, declaró el
especialista a Consultape.
El proceso de la consulta alrededor del Lote 192 no se hizo
durante 2013, ante esta situación, Carlos Monge se cuestiona lo siguiente: “¿Durante
el 2014 el Estado va a ser capaz de poner en
práctica el mandato de Emergencia Ambiental de manera tal que las
organizaciones indígenas locales se sientan satisfechas, e inmediatamente
después sacar el proceso de consulta con el tiempo suficiente? Y segundo
¿Tendrá tiempo de hacer un proceso de consulta realmente exitoso que lleve a la
población local a decir que sí, para entonces en 2015 renovar la licencia? Yo
lo veo difícil. Porque dada la complejidad de los pasivos ambientales en la
zona y dada la lentitud en este terreno, veo complicado que se haga rápido”,
señala.
Para
Monge la consulta previa debe darse antes de la entrega de concesión para fines de exploración porque esta
actividad ya tiene impacto sobre la población. “Antes de la consulta considero
que habría que resolver dos grandes cosas en el Perú: La primera es la
territorialidad de los pueblos indígenas. Hay una vieja demanda de los pueblos
originarios para reconstituir de facto y legalmente los territorios indígenas.
Porque recordemos que, durante la época de la reforma agraria, se extrapoló
también hacia la Amazonía una visión andina de la territorialidad. Titularon
las parcelas donde cultivan y a eso lo nombraron comunidad nativa, pero el
bosque, el río- espacios fundamentales para la reproducción del pueblo
indígena-, quedaron fuera. Lo que antes era territorio indígena ahora son
comunidades tituladas, pero obviamente esos territorios no son los territorios
de su reproducción son la expresión de una visión andina. Segundo, hay que
completar los procesos de zonificación ecológica y económica y ordenar el
territorio para decidir qué cosa se puede hacer dónde. Solamente ahí se tendrá
un mapa limpio que indique dónde se pueden hacer actividades de exploración”,
finaliza.
No hay comentarios:
Publicar un comentario