Estado peruano informa ante la CIDH que el caso de esterilizaciones forzadas sigue abierto

·  El Estado Peruano afirma que el caso de Esterilizaciones Forzadas aún se encuentra abierto y hay que esperar a la decisión de la Fiscalía Superior.

·  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al Estado a que le informe de manera permanente sobre el caso.

La investigación de más de 2000 casos de mujeres esterilizadas forzadamente en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000) desarrollado por Alberto Fujimori no está cerrado, y está siendo revisado en segunda instancia por una Fiscalía Superior. Esta es la postura que ha mantenido el Estado peruano, a través de sus representantes, Luis Huerta (Procurador Público Supranacional) y Víctor Cubas (Fiscal Superior Coordinador) en la reunión de trabajo mantenida el 26 de marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH). En ella el comisionado Relator para Perú James Cavallaro, solicitó al Estado peruano ser informado de manera permanente sobre la evolución del caso.

DEMUS- Estudio para la defensa de los derechos de la mujer, además de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Centro de Derechos Reproductivos (CRR), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), peticionarias del caso de María Mamérita Mestanza sobre esterilizaciones forzadas expresaron su disconformidad y la irregularidad del archivamiento del caso el pasado 22 de enero de 2014.

“Las peticionarias mostramos ante la CIDH que la resolución que archiva la investigación a Alberto Fujimori y sus ministros Alejandro Aguinaga, Jhon Mota y Marino Costa Baguer contraviene el compromiso del Estado peruano de investigar y sancionar a cada uno de los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, y concretiza la vulneración de derechos vinculados al debido proceso reconocidos en el marco nacional e internacional de derechos humanos”, declara Jeannette Llaja, abogada de DEMUS.

En la reunión, las peticionarias expusieron varios puntos que el Estado ha vulnerado al archivar el caso de esterilizaciones forzadas. Evidenciaron contradicciones en el razonamiento jurídico del fiscal vinculados a los conceptos de crímenes de lesa humanidad, así como a graves violaciones de derechos humanos, a la revictimización que se está cometiendo con las víctimas de los más de 2000 casos sobre los que el Fiscal ha omitido pronunciarse, así como irregularidades en la investigación de los casos.

No se ha cumplido con la obligación de investigar y sancionar a todos los culpables, como así quedó estipulado en el Acuerdo de Solución Amistosa, emitido el 10 de octubre de 2003, por el cual se comprometió el Estado a indemnizar a la familia de María Mamérita Mestanza quien murió tras ser esterilizada-constituyendo elúnico caso reconocido-, y a  individualizar y sancionar debidamente a los responsables de las esterilizaciones forzadas.

Hay que recordar que el fiscal Marco Guzmán Baca emitió una resolución por la cual dispuso no formular denuncia penal contra el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), tres ex ministros de salud y otros funcionarios acusados de este delito. El fiscal sostuvo que el llamado Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar no se trató de una política sistemática del Estado porque no hubo ‘dolo’, es decir, no hubo intención criminal de esterilizar con el propósito de mutilar órganos o causar lesiones graves en las personas. 

Las organizaciones sostienen que: “El Estado con esta resolución no ha cumplido con su obligación de investigar y sancionar porque la investigación realizada no ha respondido al debido proceso”. Además, señalan que hay deficiencias en la misma, pues a pesar de que la legislación peruana no tipifica como delito la esterilización forzada-argumento esgrimido por el fiscal-, sí puede imputarse el tipo penal de lesiones graves, recogido en el  artículo 121 del Código Penal, que señala, claramente, que las lesiones se producen cuando se causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud y lo deja “impropio para su función”.

También las peticionarias manifestaron su preocupación por los problemas que hubo con la designación que iba a llevar el caso de Mamérita Mestanza y de las otras mujeres. “Frente al archivamiento del caso, lo que hemos hecho las organizaciones ha sido presentar una queja que tiene que ser revisada por un fiscal superior. Pero, el Ministerio Público fue irregular con la designación del caso a un fiscal superior provisional”, explica Jeannette Llaja.  Al respecto, los representantes del Estado informaron que se ha subsanado esta irregularidad designando a un fiscal titular. “Hay una diferencia además, el titular tiene mayor autonomía porque su puesto de trabajo está asegurado”, añade la abogada.

Asimismo, denunciaron la falta de sanciones civiles y administrativas y alertan sobre el hecho de  que este caso no sea considerado como delito de lesa humanidad. Consideración que viene motivada porque no se reconoce la sistematicidad del mismo. Finalmente, se pone de manifiesto la falta de avances en la implementación de otras cláusulas, como la falta de acceso a las prestaciones de educación por parte de los familiares de Mamérita Mestanza, la carencia de medidas de monitoreo y de garantía de respeto de los derechos humanos de los y las usuarias de los servicios de salud como consecuencia de la esterilización forzosa a la que fueron sometidas, y de la falta de toma de medidas de prevención para evitar que se repitan hechos similares en el futuro.

Finalmente estas organizaciones también mostraron su preocupación por el ascenso del fiscal que archivó este caso, Marco Guzmán Baca, quien ha pasado de ser titular de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima a fiscal superior coordinador de las fiscalías de lavado de activos.

En esta reunión el Estado, asimismo, se ha comprometido a formalizar el Acuerdo (11/ 2014) adoptado por el Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura (AMAG) por el cual será obligatorio la institucionalización de  los cursos, seminarios y talleres sobre Género y Justicia en la Academia Nacional de la Magistratura del Perú para que sean incorporados en los programas de la Línea de Formación Fundamental y Línea de Formación Especializada dirigidos a jueces y fiscales. Hay que recordar que este acuerdo fue suscrito por el caso de MM, una adolescente quechua hablante violada por un médico en la ciudad de Puno el año 1996 y a quien la justicia nacional le cerró las puertas.