Perú se enfrenta a un retroceso total en derechos sexuales y reproductivos

Escribe Magali Zevallos

Antes de que se cierre la presente legislatura se pondrá en debate el polémico dictamen propuesto por la Comisión de Justicia del Congreso, por el que se reformaría el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, que contempla que el Estado únicamente se limite a brindar asistencia a los padres o tutores para orientar la educación sexual integral de sus hijos, artículo que ya fue presentado en la anterior legislatura, contraviniendo a políticas públicas en la prevención del embarazo.

En el Perú hay más de 160 mil madres adolescentes de 12 a 19 años, de las cuales 4,521 tienen edades entre 12 a 14 años y 155, 738 entre 15 a 19 años, estas cifras se incrementarían notablemente según los expertos porque los padres no hablan de sexo ni dan orientación sexual a sus hijos.

“Hay una responsabilidad institucional enorme que no se puede soslayar, y que no se puede dejar de lado. Se debe respetar el derecho de los adolescentes a ser informados, que reciban un método, si tienen un embarazo que los protejan bien y a prevenir la violencia. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. Los padres no están preparados para brindar este tipo de información”, señala Miguel Gutiérrez, representante del Colegio Médico.

MADRES ADOLESCENTES

Para la congresista Verónika Mendoza el Estado tiene que asumir su responsabilidad en materia de educación sexual y garantizar el acceso a servicios de orientación de salud sexual y reproductiva, inclusive en confidencialidad, sin que necesariamente el adolescente tenga que estar acompañado de sus padres, porque los jóvenes no siempre confían en sus progenitores para tratar estos temas, no olvidemos que tenemos altos índices de violaciones, y estas se dan muchas veces en el propio hogar, dice.

“La aprobación del dictamen resultaría sumamente grave, pues hay que tener en cuenta que la tasa de embarazo adolescentes se mantiene igual desde hace 30 años, y sigue siendo muy elevada, afectando al 13% de las jóvenes, y en algunas regiones de la Amazonía hasta al 30% de las adolescentes”, reflexiona Mendoza.

En nuestro país la tasa de embarazos adolescentes no deseados afecta al 68% de las mujeres, y la mortalidad materna por suicidio se ha incrementado hasta alcanzar al 56% de adolescentes, advierte Promsex.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

“Se debe respetar los estándares internacionales sobre la salud sexual de niños y adolescentes. Lo que tiene que hacer el Congreso es legislar de acuerdo a lo ya señalado por el Tribunal Constitucional, que reconoce la titularidad del derecho a la libertad sexual de los adolescentes, lo que significa que tienen la capacidad de autodeterminación sobre su sexualidad.”, señala Liurka Otsuka, abogada de Promsex.

 

Asimismo, el Tribunal Constitucional reconoce que los adolescentes tienen derecho a toda información vinculada con el ejercicio de su sexualidad, y reconoce al Estado como sujeto obligado a garantizar el ejercicio del derecho a la libertad sexual a través de la educación sexual.

La prevalencia del embarazo en adolescentes se concentra en grupos que presentan rasgos de desventaja social, tales como niveles de escolaridad bajos, situaciones socioeconómicas precarias o el hecho de pertenecer a grupos poblacionales con características de marginación históricas como los grupos indígenas, señala un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Esta situación ubica al embarazo en adolescente como un problema de salud pública y derechos humanos por varias razones: el incremento del riesgo en la salud de las adolescentes madres y del recién nacido, la reproducción de familias tempranas, la prevalencia de bajos niveles educativos en las mujeres, la reproducción de la pobreza, así como el impacto en el entorno inmediato y en la sociedad en general.

ABORTO TERAPÉUTICO

Otro artículo que plantea el dictamen es otorgar al concebido de una protección “especial y privilegiada”, penalizando así incluso el aborto terapéutico –legalizado desde 1924 en nuestro país-, con ello se antepondría la vida del embrión frente a la de la mujer gestante que pudiera enfrentar riesgo en su vida. “Este artículo dificultaría la posibilidad de implementar efectivamente el aborto terapéutico aún más, pues en la actualidad no se logra ejercer este derecho adecuadamente por la falta de protocolos. Resulta además contrario al Derecho, pues ningún derecho puede prevalecer de manera absoluta e irrestricta sobre otro derecho como lo señala el Tribunal Constitucional. Siempre tiene que haber un criterio de ponderación, y en el caso de que estuviera en riesgo la vida o la salud de la gestante, es la vida de ésta la que hay que salvar”, defiende Mendoza.

Miguel Gutiérrez censura esta reforma y considera que de aprobarse “Perú se en enfrenta a un retroceso total en derechos sexuales y reproductivos”. “No se pueden equiparar los derechos de una persona a los del concebido. No es correcto aceptar que un concebido es una persona, porque no lo es”. Además según afirma el especialista, “se está tratando de manipular ideológicamente el tema del aborto terapéutico”.

TRATADOS INTERNACIONALES

Además, según afirma la congresista Mendoza, este artículo “entraría en contradicción con tratados internacionales de derechos humanos a los cuales el Perú se ha suscrito. En todo caso si se quiere poner a debate el tema del aborto terapéutico, del aborto en general, es totalmente legítimo pero no en un Código que tiene que ver con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No es el espacio adecuado para pretender incorporar este tipo de modificaciones normativas”, dice.

Otsuka sentencia que el aborto terapéutico no está en discusión, y que el artículo del dictamen solo crea barreras.

 

Cabe mencionar que en la Comisión de la Mujer del Congreso se viene elaborando un dictamen del mismo proyecto.

Publicado en el Diario La Primera