Escribe: José De Echave C.
El
ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, ha declarado que el proyecto minero
Tía María ya tiene licencia social para operar, porque la audiencia pública del
Estudio de Impacto Ambiental finalmente se pudo realizar el pasado 19 de
diciembre. Lo que olvida decir el ministro es que para que la accidentada
audiencia se pueda realizar necesitó trasladar más de dos mil policías, un
número que supera largamente a los asistentes a la audiencia.
La
empresa Southern, propietaria del proyecto, ha señalado que no escatimará
gastos para sacar adelante el proyecto. La empresa también olvida señalar que
hace tres años precisamente rechazaba la posibilidad de desalinizar el agua del
mar y pretendía utilizar la escasa agua de la cuenca, porque el procedimiento
era muy costoso, lo que provocó el rechazo de los pobladores del Valle del
Tambo.
Lo que ha
quedado claro en estos días es que el cuestionado proyecto minero de Tía María
no tiene, ni por asomo, licencia social para operar. Por el contrario, la gran
mayoría de pobladores de la zona han expresado su rechazo al proyecto: la
audiencia pública ha estado acompañada de intensas movilizaciones y
enfrentamientos con la policía, que han provocado tres pobladores heridos y el
inicio de una huelga de hambre de pobladores que se oponen al proyecto. Además,
las organizaciones representativas de la zona han denunciado que los
participantes de la audiencia no eran pobladores de la zona.
El caso
de Tía María también muestra el colapso de nuestro sistema de certificación
ambiental que a estas alturas está claro que carece de toda legitimidad y
credibilidad. ¿Una audiencia pública como la realizada en la localidad de
Cocachacra el pasado 19 de diciembre puede significar que el proyecto Tía María
ya tiene licencia social? De ninguna manera, porque entre otros aspectos el
procedimiento no recoge criterios básicos de participación oportuna e
informada.
Los
Estudios de Impacto Ambiental (EIA) se han constituido, desde hace 20 años, en
la herramienta fundamental del Sistema Nacional de Gestión Ambiental en nuestro
país, sin embargo la falta de credibilidad y una larga lista de proyectos
cuestionados, han puesto en debate los EIA y han planteado la necesidad de
renovarlos.
Uno de
los temas centrales es cómo romper el control privado de todo el procedimiento,
en donde la empresa minera privada, contrata a una consultora privada, y entre
ambas, fijan los términos del proceso de elaboración del EIA. Además, mientras
dura la elaboración del EIA, la empresa contratante y la consultora, interactúan
sin que las autoridades intervengan, salvo al final cuando todo está
prácticamente decidido y en condiciones desfavorables.
Una
propuesta alternativa debe apuntar a que el Estado peruano intervenga desde el
inicio y no al final, como ocurre hoy en día; es decir desde la definición de
los términos de referencia de los EIA, la elección de la consultora que
elaborará el estudio y el monitoreo del proceso, antes de encarar la parte
definitiva de su aprobación o desaprobación. Este debe ser un aspecto fundamental
de una reforma de este instrumento.
El caso
del proyecto Tía María pone nuevamente en agenda este tema. Mientras no se
construyan nuevos instrumentos, una nueva institucionalidad ambiental que
recupere credibilidad frente a la población y mientras el gobierno solo siga
pensando en políticas orientadas a destrabar las inversiones, sin tomar en
cuenta las bases objetivas que están detrás de los conflictos, situaciones como
las ocurridas en la provincia de Islay, seguirán repitiéndose. Lo que se necesita
es destrabar las políticas sociales y ambientales para superar el estatus quo
que nos pretende seguir imponiendo la ortodoxia extractivista.
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