· La Presidencia del Consejo de
Ministros será demanda por organizaciones de la sociedad civil si no dicta un
reglamento antes del 3 de enero de 2014.
· Ley General de las Personas con
Discapacidad sigue sin reglamento un año después de su aprobación. El 18 de junio venció el plazo por ley para dotar de un
reglamento a la Ley.
El 24 de diciembre se cumple un año de la aprobación de la
Ley 29973, Ley General de las Personas con Discapacidad, sin embargo, aún no ha
sido reglamentada. “La falta de voluntad política es el principal obstáculo
pues el Poder Ejecutivo no está convencido de muchas de las obligaciones establecidas
en la ley”, afirma Alberto Vásquez, presidente de Sociedad y Discapacidad (Sodis).
Frente a esta demora, la Asociación Pro Derechos Humanos - Aprodeh, Musas
Inspiradoras de Cambios, la Sociedad Peruana de Síndrome Down, la Asociación
Peruana de Abogados con Discapacidad Visual y Sodis han presentado una carta
notarial dirigida a la Presidencia del Consejo de Ministros solicitando su
reglamentación en un plazo de diez días útiles, es decir, antes del 7 de enero
de 2014. De lo contrario, interpondrán una demanda de cumplimiento contra la
Presidencia del Consejo de Ministros a cargo de César Villanueva.
“Sin reglamento no se pueden implementar varias de las
medidas que están en la ley; tampoco son efectivos los mecanismos de
fiscalización y sanción que la ley contempla”, declara Vásquez. A pesar de que
existe una propuesta formal de reglamento desde hace seis meses, el Consejo de
Ministros todavía no da luz verde a su aprobación. “Hay resistencia de varios
sectores a reglamentar algunos aspectos como las pensiones no contributivas y
la cuota laboral en el sector privado”, afirma Vásquez.
La Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad,
de acuerdo con su artículo 59, obliga al
Estado a otorgar una pensión no contributiva a aquellas personas con
discapacidad severa que no tienen un ingreso o pensión y que se encuentran en
situación de pobreza. “Ha habido mucha controversia sobre qué Sector se haría
cargo del tema de las pensiones. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
(MIDIS) no ha querido asumir la ejecución del programa, lo cual ha retrasado su
puesta en marcha. Tanto es así que no se logró pedir los recursos para
implementarla el próximo año”, explica el presidente de Sodis. Asimismo,
Vásquez saludó el anuncio del Viceministro de Poblaciones Vulnerables, Julio
Rojas, de que las pensiones se empezarán a pagar el próximo año pero puntualizó
que “este anuncio debe ser acompañado de una solicitud de crédito suplementario
para que pueda hacerse efectivo”.
Asimismo, la ley en su artículo 49 obliga a las entidades
públicas a emplear a personas con discapacidad en una proporción no menor al 5%
total de su personal, obligación que se extiende a las empresas privadas con
más de 50 trabajadores, las cuales tienen que cumplir con una cuota de 3%. “Pese
a que la mayoría de los temores se han disipado y cada vez más empresas están
apostando por contratar trabajadores con discapacidad, el debate inicial
generado alrededor de la cuota ha provocado que el Ministerio de Trabajo ponga
muchas objeciones a la propuesta de reglamento de la ley”, afirma Alberto
Vásquez.
Se ha avanzado
poco
Si bien con la promulgación de la Ley General de la Persona
con Discapacidad se pretendió avanzar en el reconocimiento de los derechos de
las personas con discapacidad, se ha progresado muy poco en esta materia
durante 2013. “Nos preocupa que la discapacidad ha perdido peso en la agenda pública”,
declara el presidente de Sodis. Esta situación conllevaría a una mayor
invisibilización de las personas con discapacidad que representan el 5.2% de la
población total en nuestro país, es decir, más de un millón y medio de
personas. Además, Vásquez afirma que: “La ejecución de los programas
presupuestales sobre discapacidad -que es lo que el Estado ha venido
presentando como avance- ha sido muy deficiente; de hecho, vamos a acabar el
año sin que se ejecute el 50% del presupuesto asignado”, afirma el presidente
de Sodis.
Vásquez afirma que también existe una gran preocupación sobre
el futuro de las instituciones que
ejercen rectoría en los temas de discapacidad. “Se habla de una posible
desaparición de Dirección General de Educación Básica Especial en el Ministerio
de Educación, y también existe resistencia en algunos ministerios a crear las
instancias que la ley ordena”. Tal es el caso de la cartera de Salud que debía
crear una Dirección de Discapacidad y Rehabilitación, y del Ministerio de
Vivienda que aún no implementa la Dirección Nacional de Accesibilidad.
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