Un
nuevo reporte de Oxfam denominado “De Promesas a Prioridades”, revela que si
bien entre los años 1995 y 2010 el sector agropecuario creció en promedio un 3%
anual, impulsado por el liderazgo de varios países exportadores de productos
agropecuarios y la diversidad de recursos naturales atractivos para la
inversión, este aumento no ha beneficiado por igual a los actores que forman
parte de esta actividad. Por el contrario, ha contribuido a la inseguridad
alimentaria –aún 49 millones de personas se acuestan con hambre cada noche en
la región-, la pobreza y el uso insostenible de los recursos naturales.
En
este contexto, Oxfam estima que, en promedio, los presupuestos destinados a la
agricultura de los países estudiados no alcanzan ni el 5% de los presupuestos
nacionales. Al limitado presupuesto, hay que añadir que hasta un 60% de los
recursos asignados al sector se quedan sin utilizar por limitaciones
institucionales que impiden concretar las acciones y/o programas
presupuestados.
“En
un contexto de cambio climático, incremento de precios de los alimentos, hambre
y políticas públicas de limitado impacto, esta situación es un escándalo
evitable que urge resolver a través de políticas que permitan mejorar y
transparentar la gestión presupuestaria”, dice Antonio Hill, asesor de
políticas de Oxfam para la región.
El
caso de la AFC -clave en América Latina y el Caribe como medio de vida, para la
seguridad alimentaria y la generación de empleo-, es más preocupante. De
acuerdo con Hill, si bien genera más del 50% de los alimentos que se consumen
en la región, el gasto público destinado a este sector no alcanza ni el 0,2% de
los presupuestos nacionales de los países estudiados.
Si
bien la seguridad alimentaria es un tema que se aborda políticamente en los
países de la región, el enfoque es más asistencialista que de impulso a la
producción de alimentos. Son los casos de El Salvador, México y Nicaragua,
cuyas políticas se enfocan principalmente en apoyar el ingreso de las
poblaciones vulnerables y el acceso a alimentos básicos mediante ayuda
alimentaria, con una orientación más asistencialista que productiva.
“Es
importante reorientar el gasto público en agricultura, hacia un modelo
productivo que tenga como puntos clave la resiliencia, la sostenibilidad y una
justa distribución de los recursos. Pero no se trata solo de incrementar el
gasto público. Se deben desplegar esfuerzos para redistribuir los recursos
disponibles de forma justa y respondiendo a las necesidades de los diferentes
tipos de productores, a través de líneas diferenciadas de acción”, dice Hill.
América Latina y el Caribe: Lejos de la transparencia presupuestaria
La
transparencia presupuestaria es una condición clave para mejorar el gasto
público y la calidad de vida de millones de personas. En su informe “Las
Cuentas no Cuentan”, Oxfam evalúa a 10 países de la región y presenta un índice
de transparencia en el gasto en la AFC. En líneas generales, se evidencia que
ninguno de los países estudiados cumple con las condiciones óptimas de
transparencia y gestión presupuestaria.
Brasil,
México y Perú, son los países que obtienen un mejor puntaje en el índice pero
ninguno supera el 62% de las condiciones claves que se proponen en el informe.
Para todos los países de la región, es un reto generar información comprensible
para productores/as y otros ciudadanos interesados.
Los
países con los más bajos puntajes del índice –Bolivia, Colombia, Haití,
Nicaragua, Paraguay y República Dominicana-, deben invertir en reformas
presupuestarias orientadas a mejorar su gestión e incrementar la transparencia
en general, garantizando una planeación estratégica de sus presupuestos de
gastos.
“Sin
transparencia y una adecuada gestión presupuestaria que implique procesos
participativos, los pequeños productores no tienen cómo incidir sobre el gasto
público que los afecta. Los retos pendientes son darle mayor prioridad a las
políticas de transparencia presupuestaria en general, cumplir con las normas y
obligaciones relevantes que ya existen y promover espacios formales
descentralizados que permitan a los pequeños productores participar en la
formulación, monitoreo y evaluación del gasto público”, sostiene Hill.
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