- La ONPE no brindó los ajustes necesarios ni las medidas de accesibilidad mínimas para garantizar que personas con discapacidad puedan votar. A Cambio les dieron una “constancia de asistencia”.
- Personas afectadas evalúan el inicio de acciones legales contra la ONPE por discriminación.
José Antonio Isola, un conocido activista por los derechos de las personas con discapacidad, no pudo ejercer su derecho al voto el pasado 5 de junio durante la segunda vuelta electoral. José, usuario de silla de ruedas, se había empadronado en la página web de la ONPE para asegurar que dicha entidad le asigne una mesa accesible que le permita votar con comodidad, tal como sucedió en la primera vuelta. No obstante, el pasado domingo se encontró con la sorpresa de que su mesa había sido trasladada a un segundo piso, al cual no tenía como llegar por la falta de una rampa o ascensor.
Frente a esta situación, el coordinador de la ONPE le extendió una "constancia de asistencia" para que pueda realizar posteriormente los trámites de exoneración de la multa respectiva, restringiendo no sólo su derecho a votar por una falta de la propia entidad, sino obligándolo a hacer un trámite adicional para no pagar la multa.
"La máquina en la que me tocaba votar estaba en el segundo piso y no se pueden mover. Entonces ni yo podía llegar a ella ni ella podía llegar a mí, y así perdía mi derecho constitucional a votar", explica José. "Nunca me he sentido más violentado en mi vida".
Silvana Queija, abogada de Sociedad y Discapacidad (SODIS), explica que el problema se produjo porque la ONPE no ha resuelto el tema del voto electrónico y las personas con discapacidad. “El voto electrónico también ha sido inaccesible para las personas con discapacidad visual. Tenían que ir con otra persona y ya ahí había un problema pues su voto ya no era secreto. Además, la máquina es muy elevada y en algunos casos estuvo mal ubicada, dificultando el voto de las personas en sillas de ruedas”, manifiesta.
Cabe señalar que durante la primera y segunda vuelta se denunciaron muchos casos de falta de accesibilidad y facilidades para las personas con discapacidad en los centros de votación. En varios medios se difundieron imágenes en las que incluso se cargó a la persona hasta su mesa. Sin embargo, como explica Queija, esta acción no representa ni una medida de accesibilidad ni un ajuste razonable en favor de la persona: "Es una práctica que atenta contra la dignidad y la seguridad de la persona".
Cabe recordar que la Mesa de Discapacidad y Derechos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos solicitó a ONPE que tome diversas medidas para prevenir y dar solución a estas situaciones sin vulnerar el derecho a votar de las personas con discapacidad. Incluso, luego de la primera vuelta, se emitió un segundo pronunciamiento solicitando las medidas necesarias para impedir que se repitan este tipo de problemas.
"No es un problema de multas, el punto es que todas las personas con discapacidad tienen derecho a votar y a que se les brinden los apoyos y facilidades para poder ejercer ese derecho”, señala la vocera de SODIS.
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