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El caso de
Javier Diez Canseco no debe ser intencionalmente comparado con el de Alan
García para confundir a la opinión pública.
En
el primer aniversario de muerte del líder del Partido Socialista, Javier Diez
Canseco, su familia sigue reclamando justicia y exigiendo al presidente del
Congreso, Fredy Otárola, que acate las sentencias que lo declaran inocente de
haber ocultado la existencia de un conflicto de intereses que supuestamente
beneficiaría a su hija y ex esposa. “Reiteramos nuestra demanda de que se haga
justicia en memoria de un hombre que dedicó toda su vida a defender causas
justas y a luchar contra la corrupción”, demanda Liliana Panizo, esposa del
fallecido.
La sentencia, dictaminada por el Quinto Juzgado Constitucional
y ratificada por la Cuarta Sala Civil de
la Corte Superior de Lima, declararon nulos tanto el informe de la
Comisión de Ética que dio pie a la sanción, como la pena del Pleno del
Congreso, por la que Javier Diez Canseco fue suspendido del ejercicio del cargo de congresista por 90 días debido a la supuesta existencia de un conflicto de
intereses, derivado de la presentación del Proyecto de Ley
Nº 564-2011-CR.
El Congreso incumple su obligación hasta el momento, pues de acuerdo
al artículo 139, está obligado a acatar las decisiones del Poder Judicial sin
poder calificar sus sentencias, “interpretarlas” o dilatar su ejecución. “Esperamos el cumplimiento
inmediato de la orden judicial que amparó los derechos de Javier Diez Canseco,
exonerándonos de tener que demandar al Estado Peruano ante el sistema
interamericano de protección de los derechos humanos por desacatar la orden
judicial que cauteló sus derechos”, declara Panizo.
“Javier no ha
incurrido en ningún conflicto de interés. La propia Secretaría Técnica de la
Comisión de Ética había acreditado matemáticamente que el proyecto de ley no
generaría ningún beneficio económico para algún familiar suyo. El proyecto,
claro está, respondía a una demanda general y no buscaba otorgar derechos
excepcionales a nadie”, explica el abogado Ronald Gamarra.
“Javier Diez
Canseco falleció en mayo del año pasado, pero eso no exime al Congreso de
cumplir dicho mandato judicial. Al contrario, lo resuelto exige que su dignidad
y buen nombre sean reivindicados, por lo que me he constituido en cabeza del
proceso y lucharé hasta que se cumpla con poner el nombre de Javier en el lugar
que le corresponde en la historia”, manifiesta su esposa.
Pero,
además de esta acusación formulada, a Javier Diez Canseco se le vulneró su
derecho a la defensa , ya que en el momento en que fue debatida la sanción, se
le sumaron nuevos cargos que éste no pudo conocer ni contradecir en la investigación
previa a que fue sometido.
Asimismo,
la familia del fallecido líder del Partido Socialista reclama que no se compare
esta situación con la sentencia que excluye a Alan García de ser investigado
por la Megacomisión. “En el caso de Diez Canseco es clarísimo el ánimo de
venganza política que dio pie a la sanción. En el caso de García, en cambio,
ocurrió una falla en el procedimiento de investigación que debe rectificarse,
prosiguiendo la investigación e imponiendo la sanción que corresponda de acuerdo
a los graves delitos que se le imputan”.
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