Mineros: ¿Informales = Ilegales?

Escribe Pedro Francke

El director de Correo, el diario recientemente comprado por el pulpo concentrador, escribió esta semana criticando los reclamos de los mineros “informales (ilegales)” y diciendo que la minería “ilegal o informal debe ser desterrada”.

Revela una ignorancia supina: la minería ilegal y la minería informal son dos cosas muy distintas y esa diferencia está claramente establecida en la ley.

La explotación de oro aluvional en Madre de Dios, en un amplio territorio, ha sido declarada ilegal. Eso está bien y el estado debe ser muy firme en erradicar esa minería, porque deforesta  y contamina de una manera muy severa con mercurio los ríos de la selva afectando ecosistemas de gran biodiversidad, incluyendo varias Áreas Naturales Protegidas. No se trata de pequeños mineros artesanales, son grandes mafias con inversiones millonarias de maquinaria, que ponen enormes mangueras en los lechos de los ríos, remueven toneladas de grava de los lechos y amalgaman el oro con un mercurio manejado irresponsablemente, causando daños ambientales.

También afectan la salud de los propios trabajadores, jóvenes venidos de zonas pobres de la sierra en búsqueda desesperada de algún dinero ya que el destacadísimo crecimiento de nuestra economía formal les impide obtener un empleo. Estas mafias son responsables de la mayor parte de los US$ 1,800 millones de oro que se contrabandean anualmente fuera del país. Compran fiscales y jueces, un par de abogados, un alcalde o en su defecto un presidente regional. Promueven la explotación laboral y sexual de niñas y adolescentes. A estas mafias hay que erradicarlas.

Pero la minería informal en zonas de la sierra es muy diferente. El oro no está en pequeños guijarros en los ríos son el filones adentro de los cerros. En algunos sitios afectan ecosistemas frágiles, como en el bosque seco de Piura, y debiera ser declarada ilegal (aún no lo es) y erradicada. Pero en otros sitios, como en zonas de Apurímac y Chumbivilcas, no tratan los minerales en el lugar, de tal manera que no hay contaminación con mercurio, aunque la remoción masiva de la tierra puede tener impactos sobre las fuentes de agua que deben ser consideradas y mitigadas. En Nazca y Caravelí (norte de Arequipa), la explotación es en pequeños socavones, mayormente en zonas de cerros muy desérticos. En estas dos regiones el diálogo no solo no ha avanzado, sino que las cosas se han hecho tan mal que ha hecho que aliados del gobierno como el presidente regional de Arequipa levante su voz de protesta. Esta minería no es ilegal sino informal, señor director de Correo. Es fácil encontrar un análisis detallado sobre las diferencia en la hoja web de la Red Muqui. La solución no es la simple “erradicación”.

La formalización propuesta por el gobierno plantea varios requisitos. Algunas medidas hay que defenderlas con uñas y dientes, como la necesidad de que tengan un estudio y plan ambiental. Pero no es solo cuestión de exigencia; para algunos artesanales, es necesario también darles desde el Estado apoyo técnico. Aunque las medidas planteadas por el gobierno para la formalización no lo digan, pasar a cobrarles impuestos, exigir el respeto de derechos laborales, proteger a los niños y cortar el contrabando de oro es también indispensable.

Otras exigencias del gobierno se refieren a defender el sistema de concesiones, el que solo ha servido para permitir la minería en cualquier parte sin tomar en cuenta ningún plan de ordenamiento territorial ni ninguna consulta previa y solo está siendo útil para que los vivales que llegaron primero al registro de minería a separar un área, apenas pagando un ínfimo derecho de concesión, se enriquezcan a costa de los artesanales que llegan después. La verdad es que todo el esquema de concesiones mineras debe ser revisado integralmente, PUES exigir a lo artesanales o informales una concesión no es sino pedir que estén más firmemente dominados por “Pepe el vivo”.

AGUA, ASUNTO CRÍTICO

La protesta de los mineros informales empezó el 20 de marzo, en vísperas de Día Mundial del Agua. Vaya coincidencia. Una de las exigencias en las que el gobierno no debe retroceder para la formalización, es la referida a que los mineros para operar tengan un permiso legal de uso del agua.

El tema es clave. Alrededor del 22 de marzo, el Frente Amplio ha recordado que el Perú es el tercer país más vulnerable frente al cambio climático porque el deshielo de los glaciares y el incremento de las sequías afectarán nuestro acceso al agua. En algunas subcuencas en Tacna, una sola minera puede 35% del agua dulce disponible. Hay 235 conflictos por el agua en el país.

A pesar de eso y de que el país será sede en diciembre de la Cumbre sobre el Cambio Climático - COP 20, el Estado no cuenta con una política hídrica integral. El 28 de julio de 2012 Ollanta Humala, en su mensaje a la nación, propuso un cambio constitucional para establecer el derecho humano al agua. Nunca se volvió a acordar del tema.  Lo hizo después de la gran Marcha Nacional de Agua de febrero de ese año y solo para tapar el conflicto de Conga.

El costo económico de la contaminación ambiental que generan un grupo de 28 minas sobre el agua es de 801 millones de dólares, según el estudio de dos profesores de economía de la Universidad Católica. Se trata de mineros “legales”. Como es igualmente “legal” el que en el lote petrolero 192 (es- 1AB), la contaminación de las aguas lleve ya 30 años, la Pluspetrol está por irse porque termina su concesión y va a dejar todo hecho una mugre. Recontra sucio. Pero son formales y legales, y al Correo de El Comercio eso lo contenta. ¡Abajo los informales que contaminan, viva la inversión extranjera que contamina!

JUSTICIA AMBIENTAL Y JUSTICIA SOCIAL

Debemos ser firmes en defender el ambiente, la naturaleza y nuestra biodiversidad. Hay también en este asunto, sin embargo, un tema de justicia. Por un lado, no se puede tener como el gobierno una política en la que se defiende los ríos amazónicos, pero querer sacrificar las lagunas de Cajamarca cuyas aguas van a dar igualmente al Amazonas y que quedarían llenas de relaves que se filtrarán aguas abajo, si saliera el proyecto Conga. Debemos cuidar la cuenca amazónica en el sur y también en el norte, aguas abajo y también aguas arriba.

Una solución a esta problemática de la minería informal, sin embargo, tiene que tener también una mirada social. Si pues, no es igual una trasnacional como Newmont que 200 mil peruanos trejos que han salido de sus pueblos en busca de un futuro económico. No podemos aceptar que ese futuro sea labrado a costa de sacrificar la naturaleza, pero hay que buscar una salida social y no tratar a esos trabajadores como delincuentes. Debe primar el diálogo y no las balas, y la exigencia de la ley debe combinarse con el apoyo estatal necesario.

Los ilegales deben salir y los informales deben formalizarse. Hay además que tener planes de desarrollo regional y procesos de ordenamiento territorial, para que no siga habiendo invasiones masivas de territorio para sacar oro que destruyen ecosistemas y sociedades regionales enteras.

Falta sin embargo una alternativa de empleo y progreso a los miles de peruanos que, lamentablemente, con su trabajo están contaminando los ríos de Madre de Dios y otras partes del país buscándose un sostenimiento económico. El desarrollo económico en la sierra y en la selva en base al turismo ecológico y de aventura, a la agricultura orgánica y al biocomercio, a la industrialización y diversificación productiva, al aumento de la productividad agropecuaria, es indispensable.

Nada de esto llega a pensar o proponer el gobierno. Piensan resolver el asunto solo con palo y balas, y apenas se atienen a dosificar éstos por temporadas. No sabemos cuánto han cedido ahora con quienes han llegado a un pacto; pero si no lo quieren decir, por algo será. Mientras el gobierno siga sin una estrategia para enfrentar algo tan serio como esta masificación de la minería informal, así como el más crítico de la minería ilegal, estaremos en problemas.

Publicado en Hildebrandt en sus trece