Obras por impuestos: cuando el Estado tira la toalla

Escribe Carlos Monge

Una de las herencias menos conocidas de Alan García es la del esquema de Obras por Impuestos (OxI), mediante el cual las empresas privadas en lugar de pagar los impuestos que corresponden a sus ganancias, ejecutan directamente las obras públicas que el Estado normalmente haría con esos recursos.

 

Pues bien, de manera que podríamos llamar discreta, el esquema ha estado funcionando y creciendo. La ley fue aprobada en el año 2008, y entre el 2009 y el 2013 se ha ejecutado obras por casi 900 millones de soles bajo este concepto. Entre las empresas que han estado participando destacan el Banco de Crédito y la minera Southern Perú.

¿Cómo funciona el mecanismo de OxI? Las empresas interesadas acuerdan con los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales las obras a ser priorizadas, las ejecutan, descuentan lo invertido del pago de sus impuestos, y el MEF le descuenta este monto a los GR y GL en cuestión de sus recursos del canon.

Los medios de la derecha y el propio sector empresarial se quejan de que este monto es apenas poco más del 10% de los 8 mil millones de soles que se había autorizado gastar bajo esta modalidad. Y echan la culpa a los GR y GL de no tener interés o de demorar la negociación con las empresas. Sospecho que la queja apunta a quitar de en medio a las autoridades subnacionales, para que sean las propias empresas privadas las que decidan directamente qué obras hacer.

Este es el tema de fondo: la total privatización de la generación de bienes públicos en las áreas de influencia de las grandes empresas. La privatización de la función básica del Estado moderno, cual es la de cobrar impuestos para asegurar a la ciudadanía bienes y servicios esenciales. La razón inmediata es acelerar la ejecución del gasto público, presumiendo que las empresas privadas serán más eficientes que el Estado. La razón política es que las empresas ganen legitimidad ante la población, la que no terminará de entender que en el fondo se trata de “su plata” y sí más bien quedará profundamente agradecida a la empresa por las obras realizadas.

 

Pero creo que el problema que se viene es aún mayor. Así como no tengo duda de que las quejas de los medios y de los empresarios apuntan a eliminar la función de priorización que la ley le da a los GR y GL, pienso también que después pedirán la gestión directa de las obras que bajo este esquema se construyen. Y de esa manera, daremos un salto histórico para atrás, hacia las épocas en que las familias hacendadas no solamente decidían si en sus territorios había o no había escuelas, sino también cuantas, hasta que nivel o grado, para quienes, y lo que en ellas se enseñaba. Regresaremos a tiempos pre modernos en los que el poderoso local cumplía las funciones de Estado.

 

Publicado en el Diario La Primera, martes 4 de febrero de 2014