- Demus alerta de existir “intereses” detrás de este caso.
Las resoluciones emitidas por el Fiscal de la Nación, José Antonio Pelaéz, en los últimos días, en relación a las competencias sobre el caso de esterilizaciones forzadas, indican que “hay intereses detrás de este caso que conllevan irregularidades”, afirma María Ysabel Cedano, directora de esta organización.
El caso, como informó el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en reunión el 27 de marzo, no está cerrado y estaba siendo revisado por Carmen Ibáñez, Fiscal Superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional. Sin embargo, el Fiscal de la Nación, José Antonio Peláez, en una resolución emitida el 23 abril, dispuso que el caso sea remitido a Luis Antonio Landa, fiscal superior de la Tercera Fiscalía Superior Nacional porque, según Peláez, el caso: “consiste en una <<Mega investigación>>, cuyo expediente resulta sumamente complejo y extremadamente voluminoso, siendo que su Despacho no tiene la capacidad física ni logística, y menos, los recursos humanos suficientes para atender y trabajar en forma célebre el mismo”.
Demus denuncia irregularidades en esta decisión, pues como explica, Julio Arbizu, nuevo abogado que asume la defensa del caso de las esterilizaciones forzadas: “Todo dictamen del Ministerio Público tiene que estar motivado, esto quiere, decir, que tiene que tener una razón de fondo que sustente la decisión. No hay una motivación, ni siquiera aparente, que justifique la decisión de retirar la competencia de la fiscal Ibáñez y trasladársela a otro fiscal. Porque si esa es la motivación, todos los fiscales provinciales y superiores tienen obviamente una carga importante de investigaciones”.
Pero además, la misma razón que motivó la resolución del Fiscal Peláez se diluiría ante la última resolución que emitió el 25 de abril, por la cual se dispone que el Fiscal superior de la Tercera Fiscalía Superior Nacional, Luis Antonio Landa, no se va a dedicar en exclusividad al caso-como había quedado dispuesto por la resolución del 23 de abril-, sino que va a tener además del caso de esterilizaciones, todos los demás casos que tenía bajo su competencia previamente.
Carmen Ibáñez, la antigua fiscal designada para la revisión del mismo, solicitó “dejar sin efecto la resolución de la Fiscalía de la Nación”, pues no pidió “ni la transferencia de competencia, ni la delegación de competencia, ni formulado declinatoria, ni excusa alguna de su competencia en el presente caso”.
“Detrás de esto, no queremos pensar que hay maniobras interesadas en que esta investigación no llegue a buen curso, o no se conozca finalmente la verdad, -que es un derecho de las víctimas-, y que no se sancione finalmente a los culpables de graves violaciones a los derechos humanos”, declaró Julio Arbizu.
Hay que recordar, que el Estado Peruano en su reunión en la CIDH declaró haber subsanado el error de que por incumplir con el plazo legal para elevar el recurso de queja, el caso fue asumido por un fiscal provisional (el mismo designado ahora para asumir el caso), cuando correspondía que la Fiscal Ibañez asumiera el proceso de revisión de dicho recurso interpuesto por Demus por la resolución emitida el 24 de enero por el fiscal Marco Guzmán Baca que puso fin a la investigación de las esterilizaciones forzadas que se practicaron en el Perú entre 1996 y 2000 con el Programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV). En esta sentencia se dispuso no denunciar penalmente al ex presidente Alberto Fujimori, a tres ex ministros de Salud y otros funcionarios acusados.
“La fiscal natural, es la Doctora Carmen Ibáñez, y sin embargo, lo que está ocurriendo es lo que el mismo Ministerio Público había dicho que no iba a ocurrir. Cuando hablamos de fiscal natural nos referimos a que cuando se impugna una decisión de primera instancia la investigación se eleva a una predeterminada segunda instancia, y si eso se cambia hay una contravención al principio”, sostiene el abogado Julio Arbizu.
El proceso de revisión en que se encuentra el caso de las esterilizaciones forzadas, que afectó a a casi 300 mil mujeres y 22 mil varones, no cuenta con un plazo para que se determine una resolución. Mientras, las mujeres siguen a la espera de que el crimen cometido contra ellas se considere como un crimen de lesa humanidad y no se perpetúe la impunidad tras 18 años sin reparación y justicia.
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