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Asimismo, la Misión
de Observación del Parlamento Andino insta al Ejecutivo a que repare de manera
integral a las víctimas.
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Esta Misión redactará
un informe que presentará al Estado
Peruano e instancias internacionales.
El
cauce de las investigaciones del caso de esterilizaciones forzadas y la
situación de las mujeres víctimas de este crimen ha alertado a la Misión de
Observación del Parlamento Andino, -conformada a raíz del archivamiento de la
causa el 22 de enero del caso por el fiscal Marco Guzmán Baca, y propuesta por
los parlamentarios peruanos Hilaria Supa y Alberto Adrianzén-, tras
entrevistarse con más de un centenar de mujeres esterilizadas de manera forzada en
Cusco.
“Constatamos
en todos los testimonios recibidos que las esterilizaciones forzadas que se
presentaron en el Perú fueron parte de una política criminal, y constatamos por
las denuncias y testimonios, que son hechos que vulneran profundamente la vida,
la integridad y la dignidad de las mujeres hasta el día de hoy porque no han
sido reparadas ni atendidas de ninguna forma por el Estado peruano”, denuncia
Gloria Flórez, parlamentaria andina de Colombia, quien añade que estas mujeres
tampoco han obtenido justicia incumpliendo así el Estado la obligación
contraída ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante el
Acuerdo de Solución Amistosa, a raíz del caso emblemático de Mamérita Mestanza,
por el que se comprometió a “investigar, individualizar a los responsables,
sancionar y reparar a las víctimas”.
“El
Programa Nacional de Salud Reproductiva y
de Planificación Familiar [bajo gobierno de Alberto Fujimori] no fue de
planificación sino un programa para exterminar a los indígenas, nuestra
cultura, nuestra raza”, declaró Pedro de la Cruz, presidente del Parlamento
Andino, de Ecuador.
El
caso de esterilizaciones forzadas no está
cerrado
y estaba siendo revisado por Carmen Ibáñez, Fiscal
Superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional. Sin embargo, el
entonces Fiscal de la Nación, José Antonio Peláez, en una resolución emitida el
23 abril, dispuso que el caso sea remitido a Luis Antonio Landa, fiscal
superior de la Tercera Fiscalía Superior Nacional.
“Nos alarma y nos
preocupa no solo el intento que hubo de cerrar el caso, que es gravísimo y
violatorio de los derechos humanos, catalogado claramente por el derecho
internacional como de crimen de lesa humanidad. Sino por el cambio de Fiscal”,
afirma la parlamentaria Gloria Flores, que añade: “Consideramos que la Fiscal
Ibáñez,- y esa es una solicitud que le vamos a dirigir con mucha fuerza al Fiscal-,
debería volver a tener conocimiento del caso, entre otros, porque no es una
fiscal provisional y puede garantizar que lleve a feliz término y con toda la
contundencia que amerita el caso de las esterilizaciones forzadas en el Perú”.
Asimismo, la Misión de Observación del Parlamento Andino informó en rueda de prensa que, en la
audiencia que ha mantenido con el recién nombrado Fiscal de la Nación, Dr.
Carlos Ramos Heredia, se ha comprometido este a “apoyar plenamente la
investigación”.
“Estoy
andando hace 15 años con la denuncia de las esterilizaciones forzadas. En el
Perú no nos escuchan, no encontramos justicia y los fiscales siguen archivando
el caso. No queremos que quede impune este crimen de lesa humanidad. Exijo al Fiscal
que el caso retorne a la fiscal Carmen Ibáñez porque no hay una motivación para que le retire del
caso, y además Ibáñez es titular”, explica la parlamentaria Hilaria Supa.
Hay que recordar que la
organización Demus alertó de que existían irregularidades tras estas
resoluciones emitidas por Peláez en relación a las competencias sobre el caso
de esterilizaciones forzadas, ya que de acuerdo al abogado Julio Arbizu: “No
hay una motivación, ni siquiera aparente, que justifique la decisión de retirar
la competencia de la fiscal Ibáñez y trasladársela a otro fiscal”. “Hay
intereses detrás de este caso que conllevan irregularidades”, aseveraba María
Ysabel Cedano.
La Misión de
parlamentarios andinos elaborará un informe-tras mantener reuniones con actores
involucrados- con recomendaciones, que presentará al Estado Peruano, a los
gobiernos de la Comunidad Andina y a las instancias regionales e internacionales.
El proceso de revisión en que se encuentra el
caso de las más de 2 mil mujeres
esterilizadas mediante engaños y amenazas-18 de las cuales murieron- no cuenta con un plazo para que se determine una
resolución. Mientras, las mujeres siguen a la espera de que el crimen cometido
contra ellas se considere como un crimen de lesa humanidad y no se perpetúe la
impunidad tras 18 años sin reparación y justicia.
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