El tercer delito con
más presos en las cárceles peruanas es por violencia sexual contra mujeres
DEMUS-
Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, en el marco del Día del Padre
hace un llamado de atención frente a la alarmante cifra de violencia sexual en
el entorno familiar: 34% de las mujeres fueron violadas en sus domicilios. Si tomamos
en cuenta otros espacios considerados seguros como: las escuelas y las casas de
familiares o conocidos, el dato se incrementa hasta un alarmante 42%. Estas
cifras de la Policía Nacional del Perú desmontan las nociones que tienen los
ciudadanos y ciudadanas acerca de que las agresiones sexuales solo se producen
en lugares solitarios y por personas desconocidas.
El
Perú es el país con mayor tasa de denuncias por delitos contra la libertad sexual
de Latinoamérica, en el 2013 fueron reportadas al Ministerio Público 17 763
denuncias por delitos contra libertad sexual. Las más vulneradas son las niñas
menores de edad, un 75% de las denuncias por violación sexual corresponde a
este grupo poblacional, según los Centros de Emergencia Mujer y la Policía
Nacional del Perú.
“La
sociedad no quiere enfrentarse a esta situación, se sacrifica a las mujeres y a
sus proyectos de vida para tratar de conservar una familia <<unida>>. No se les cree
generalmente a las niñas y adolescentes cuando son víctimas de violación sexual
por parte de sus propios familiares, se les pide que olviden y que no
denuncien”, declara María Ysabel Cedano, directora de Demus.
Este
número de delitos sexuales, además, tan sólo corresponde a las denuncias
formuladas. Pues se sabe que sólo un 5% de las víctimas adultas de violencia sexual
presenta su denuncia, según el estudio Violencia
sexual en Latinoamérica y El Caribe[1].
El Defensor del Pueblo, Eduardo
Vega, alertó de que el tercer delito con más presos en las cárceles de nuestro
país es por violencia sexual contra mujeres y niñas. “Es un problema social de
una magnitud inmensa que debe afrontarse desde el Estado, las instituciones y
la sociedad”, afirmó el defensor.
Estos
delitos sexuales contra mujeres y niñas son en muchos casos justificados por la
sociedad, que señala a la mujer como incitadora. El 32,1% de los ciudadanos de Lima, por ejemplo, opina que
las mujeres tienen la culpa de ser violadas por provocar al hombre, y el 79,7%
considera que las mujeres que se visten provocativamente están exponiéndose a
que les falten el respeto en la calle[2],
Estas consideraciones se sustentan en el falso mito de que los hombres no
pueden controlar su impulso sexual.
“Estos
hombres que violan a niñas y a mujeres, en su mayoría, no son enfermos
mentales. Violan porque se creen con ese derecho, porque consideran a la mujer
como un objeto y, en el caso de ser un familiar, ejercen de manera más consciente
su poder sobre esa persona”, sostiene la directora de Demus.
“Es
un tema que genera incomodidad, y que muchos no quieren discutir. Pero si lo
mantenemos como un tabú eso conlleva el
silencio, la impunidad, y a la
estigmatización de las víctimas”, manifestó Hanny Cueva, de ONU Mujeres.
Esta
situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas de violación
sexual se agrava por la impunidad que sufren sus agresores. El Poder Judicial
señaló, el 2011, que el 90% de los delitos contra la libertad sexual no son
condenados. Y de las denuncias
interpuestas, sólo 925 casos de violaciones son defendidos por defensores y
defensoras públicos, frente a las más de 17 mil denuncias registradas. Esto
implica que las mujeres con menos recursos quedan excluidas de la justicia.
“Alrededor
del 25 al 30% de las causas que revisa la Corte Suprema están vinculadas a
violación de menores. Las víctimas suelen tener entre 8 y 13 años. El agresor
está en ese entorno familiar con una posición de dominio y genera en la víctima
esa percepción de confianza por tratarse de una figura paterna, lo que condiciona
la facilidad del modus operandi que utiliza el agresor”, declara Víctor Prado,
juez de la Corte Suprema.
Es por ello, que Demus exige al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos incrementar el número de defensores públicos, y al
Consejo Nacional de la Magistratura evaluar la perspectiva de Derechos Humanos
y de Género de jueces, juezas y fiscales. Asimismo, demanda al Ministerio
Público el uso e implementación de espacios privados para tomar la declaración
de las víctimas, espacios en los que se cuide su privacidad, evitando la
revictimización y en los que se les permita expresarse en su idioma materno.
[1] Contreras, J. M.; Bott, S.; Guedes, A.;
Dartnall, E. (2010) Violencia Sexual en
Latinoamérica y el Caribe: análisis
de datos secundarios. Iniciativa de Investigación sobre la
Violencia Sexual.
[2]
Encuesta
de
Opinión Nacional Urbano Rural – Diciembre 2012. Instituto de Opinión Pública de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. www.iop.pucp.edu.pe
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