La Haya: alegatos, amenazas y balance político

Escribe Javier Diez Canseco

Al terminar los alegatos orales del Perú y Chile, está claro que se han enfrentado dos estrategias y dos actitudes. Por un lado, defender el derecho, por otro, imponer el hecho. El Perú dejó claro que no existe un tratado de límites marítimos, con las características propias que éste exigiría. Ello da un firme argumento jurídico a nuestra demanda de que la Corte fije una frontera no delimitada. Chile, en cambio, ha buscado “demostrar” que, en la práctica, el Estado peruano ha reconocido esa frontera para varios fines (permisos de pesca, autorizaciones de aviones, detención de pescadores que cruzan el límite etc.) y ello le daría –de facto– la calidad de tratados limítrofes a la Declaración de Santiago del 52 y los Convenios pesqueros del 54.

Perú evidenció que –por contenido y contexto, el documento de 1952 es una Declaración política de tres países: Chile, Ecuador y Perú, comunicando al mundo que han decidido extender su soberanía hasta las 200 millas. Y los documentos de 1954 son acuerdos de una Conferencia de conservación de riquezas marinas en el Pacífico sur. Ninguno fue adoptado en eventos destinados a discutir límites. Por ello, el Perú está firme en que la Corte debe trazar la frontera.

Chile la tiene más difícil. Se centró en la práctica y en los llamados actos propios (“aceptación implícita”) del Perú, buscando “confirmar” que los instrumentos jurídicos firmados en 1952-54 serían el fundamento de la frontera marítima. Pero, no puede exhibir el documento jurídico específico donde expresamente se firme una frontera marítima. La práctica vale menos que el derecho y el Perú la ha interpretado de modo concreto: el instrumento de 1954 es un acuerdo práctico para resolver la situación de los pescadores artesanales y darles una zona de tolerancia para sus actividades. El faro y otros actos propios del Perú que refiere Chile en su alegato solo refrendan la tolerancia con los pescadores artesanales, sin instrumentos de navegación, disponiendo de una zona de tolerancia.

El argumento de Chile es más fáctico que jurídico. Quizás la Corte lo  considere como un factor atenuante, pero no puede definir el sentido principal de la sentencia: establecer una frontera que nunca fue pactada por un tratado.

De allí las amenazas vertidas por Chile a la Corte y en conferencia de prensa: “Las consecuencias de cambiar una frontera marítima que tiene más de 50 años serían muy graves”. ¿Reacción a la colombiana? Además, insta a la Corte a aceptar que la frontera marítima se fije desde el hito 1, tierra adentro, y no del Punto de la Concordia, donde la frontera terrestre fijada en 1929 toca el mar. Para colmo, demandan se rechacen todos los aspectos de la demanda peruana: Chile 100%, Perú 0%, equidad cero.

La “solución chilena” acentuaría el malestar y la desconfianza entre los países. Una solución justa y equitativa culminaría la demarcación de todas nuestras fronteras pendientes 200 años y tendríamos definido todo el contorno del país. El fallo de la CIJ puede ayudar a un tema clave en la construcción del Estado nacional, aunque sigue pendiente una visión geopolítica de largo aliento sobre nuestra ubicación en AL y sobre un desarrollo nacional que proteja y potencie nuestro mercado interno.

Con Chile tenemos relaciones diversas y temas que requieren regulación como la propiedad de la tierra o presencia en actividades estratégicas. La colonia peruana es numerosa: 200,000 personas. El comercio ha crecido sustancialmente así como las inversiones: Chile tiene más de $12.000 millones enel Perú (18% de su inversión en el exterior) y Perú (Romero, Wong, Brescia…) unos $8.000 millones allá.

Cierto, hay contradicciones y nuevos desafíos. Ciertas empresas chilenas son vistas como prepotentes con trabajadores peruanos y abusivas con los intereses de créditos a consumidores. Migrantes peruanos en Chile, a veces, son tratados con racismo y discriminación, aunque sus derechos han mejorado mucho. Estas tensiones podrían incrementarse con un fallo de la CIJ mal digerido.

Mirar el futuro exige que el fallo sea justo y se cumpla, siendo prudentes en el manejo de la relación bilateral. Pasarán unos seis meses en los  que evitar una situación volátil y luego cumplir el fallo. Pero, Chile tiene aún pendientes en el Pacífico Sur: ofrecer algo concreto a Bolivia.

Diario La República, 17 de diciembre de 2012