Escribe Pedro Francke
El mismo día que el abusador ministro
Villena era reemplazado, una manifestación de trabajadoras del hogar reclamaba
ante el Ministerio de Trabajo por sus derechos, algunos tan elementales como
una jornada que no exceda las 8 horas.
Se ha hablado mucho sobre la
inaceptable agresión de Villena a una mujer y de cómo eso desnuda unas
relaciones de poder discriminatorias y abusivas. Poco se ha resaltado que lo
dicho y hecho por Villena es sufrido cotidianamente por millones de peruanos en
oficinas, minas y fábricas que se encuentran a merced de sus empleadores.
Poco se ha dicho sobre como seguimos
con políticas laborales muy similares a las del fujimorismo, con una Ley
General de Trabajo encarpetada, con trabajadores de la agroexportación y
confecciones sin derechos básicos, con tercerizaciones y contratos temporales
como formas de contratación laboral aún mayoritarias que permiten que cualquier
trabajador que intente defender sus derechos sea despedido.
Poco se ha recordado que en la última
década los salarios han reducido su participación en el PBI de 25 a 21 por
ciento y que al mismo tiempo las ganancias de las trasnacionales se han
multiplicado por 100 (dato, no discurso) superando los 12 mil millones de
dólares anuales.
La política neoliberal que aún nos
gobierna sin mayores cambios, considera que los derechos laborales son un
fastidio y que hay que mantenerlos al mínimo posible, para que así la inversión
sea más rentable y quiera venir al Perú. Si esa lógica fuera verdadera, países
como Francia, Alemania o Suecia, con derechos laborales bien establecidos,
carecerían de inversión y estarían entre los más atrasados del planeta.
En nuestro propio país, hay
investigaciones demostrando como la carencia de derechos laborales ha llevado a
una alta rotación de trabajadores, lo que a su vez tiene como consecuencias
bajos niveles de capacitación y menores niveles de avance de la productividad
en las empresas.
Pero el neoliberalismo anti-laboral se
sigue afirmando. Los TLCs, como el que está por aprobarse con la Unión Europea,
promueven que las trasnacionales se trasladen a donde encuentran más
facilidades para pagar bajos salarios y contaminar impunemente.
¿Podemos pensar que la nueva ministra
de trabajo, en cuyo currículum destaca el ser defensora de la contaminadora Doe
Run que ha enjuiciado al Estado peruano, así como de varias empresas
Telefónicas que tienen un historial de acciones antisindicales, cambiará esa
lógica?
La salida de Villena no debió ser solo
por su abuso de poder, sino también por haber sido el representante de una
política laboral que permite ese abuso contra los trabajadores día tras
día. Villena salió pero la política neoliberal que dirige Castilla desde
el MEF sigue. Villena salió pero la mejora de los salarios y los derechos
laborales sigue fuera de la agenda gubernamental. Seguimos necesitando una
política de TRABAJO DECENTE. O, si se quiere, una política decente de trabajo.
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