Nueva Ministra de Trabajo, Laos Cáceres, es asesora legal de grandes y cuestionados grupos de poder económico

El Presidente Ollanta Humala designó a la abogada Teresa Nancy Laos Cáceres como nueva Ministra de Trabajo y Promoción Social en reemplazo del cuestionado José Villena; quién días antes había agredido a una trabajadora, Ana Lucía Ramos, de LAN en el aeropuerto de Arequipa.

Villena deja el cargo después de infructuosos esfuerzos de diversos representantes del Ejecutivo para “blindarlo”. Primero Jiménez y después la Primera Dama, Nadine Heredia, intentaron dar por cerrado el caso argumentando que Villena ya se había disculpado y que no había agredido a la trabajadora, obviando que había pruebas que acreditaban la versión de la trabajadora de LAN. ¿Por qué se intentó blindar a Villena? Porque el ex Ministro de Trabajo era un hombre del ministro Castilla y miembro del núcleo duro que maneja la gestión del gabinete.

La abogada Laos Cáceres, según información que consta en la página web del Estudio Laos, Aguilar, Limas & Asociados, es asesora de manera permanente en la toma de decisiones estratégicas en materia laboral de diversas empresas privadas, entre las que se encuentran:

§  Doe Run Perú S.R.L.
§  Embotelladora Latinoamericana S.A. Coca Cola
§  Grupo Wong
§  XSTRATA Tintaya S.A.
§  Telefónica del Perú S.A.A y todas sus empresas satélites
§  Banco Continental – BBVA
§  Rímac Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.
§  Scotiabank
§  EDELNOR S.A.
§  Lima Airport Partners S.R.L.

La nueva Ministra de Trabajo también es asesora legal de diversas entidades públicas, entre ellas: Activos Mineros, Banco de la Nación, Caja de Pensiones Militar Policial, COFIDE S.A., CONASEV, CORPAC S.A, ONP, OSINERGMIN, PETROPERÚ S.A., Registro Público de Minería, Superintendencia Administradora de Fondo de Pensiones y Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

La mayoría de estas empresas, entre ellas Doe Run Perú S.R.L., Xstrata Tintaya S.A. y Telefónica del Perú S.A.A., tiene diversos problemas con el Estado peruano (sociales, ambientales, laborales, tributarios, etc), muchos de los cuales son materia de procesos en trámite entre el Estado y dichas empresas en los que se encuentran en juego grandes intereses económicos.

Según el congresista Diez Canseco, la información antes citada demuestra que la nueva Ministra de Trabajo y Promoción Social tiene relaciones con grandes y cuestionados grupos de poder económico que pueden resultar incompatibles con el desempeño de su función y que no anuncian un ejercicio imparcial del cargo que ha asumido.

“Es necesario que la nueva Ministra de Trabajo de muestras claras de que podrá separar su actuación en el sector público de los intereses de las empresas y entidades que su Estudio asesora legalmente”, agregó el congresista Diez Canseco.