ü Participa
sociedad civil de la región: Perú, Chile, Ecuador, Honduras y Costa Rica
Hoy en la audiencia
regional que se desarrolla en la ciudad de Washington D.C., cinco países de la
región -Perú, Chile, Ecuador, Honduras y Costa Rica- informarán a los
comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la
situación de sus países respecto a la anticoncepción oral de emergencia. La CIDH recibirá información de la sociedad
civil en la audiencia temática denominada
“Derechos reproductivos y contracepción de emergencia en las
Américas”, convocada por 12 organizaciones, entre ellas Promsex de Perú.
En el caso peruano
hace cuatro años (2009) el Tribunal
Constitucional Peruano decidió prohibir la distribución de las pastillas de
anticoncepción de emergencia en los establecimientos de salud de todo el país,
lo que es una flagrante vulneración a los derechos reproductivos de las mujeres
de escasos recursos económicos que en caso de
violación o ante la falla del método anticonceptivo no pueden tener acceso a
este método, lo que
constituye una discriminación, pues aquellas que tienen recursos las pueden
adquirir en las farmacias (no está prohibida su venta).
Pese
a que nuestro país tiene alarmantes cifras de violencia sexual, las mayores víctimas de estos delitos son las
mujeres que pertenecen a poblaciones vulnerables, incluyendo a las niñas y
adolescentes, a esta población el Estado no le provee desde el 2009 de un
método de anticoncepción de emergencia. Para el 2009, Perú era el país
suramericano con mayores denuncias por violación sexual para un total de 63,545
denuncias por violación a la libertad sexual. Entre el 2000 y el 2009, un
estudio hecho por Promsex, evidenció que el 78% de las denuncias fueron
presentadas por víctimas menores de 18 años (49,659). Durante el 2010, el
Ministerio de Salud reportó 1333 denuncias de niñas entre los 10 y los 14 años,
y 1191 denuncias de adolescentes entre los 15 y los 19 años, de entre estas
menores, el 14% y el 20% respectivamente, quedaron embarazadas.
Estos indicadores se revertirían si la anticoncepción de emergencia estuviera siendo distribuida gratuitamente en
los servicios públicos de salud, ya que su uso podría evitar embarazos forzados,
reducir la mortalidad materna por esta causa y disminuir las cifras de embarazo
adolescente.
En la audiencia se
presentarán también buenas prácticas de los países:
Ecuador y Chile, los cuales vienen garantizando la distribución de la píldora, con
lo que se ha revertido el impacto negativo de su población y pueden servir como
ejemplo para el resto de la región por su avance en materia legal, pese a ello,
aun presentan retos de implementación relevantes para la protección de los
derechos reproductivos de las mujeres.
La sociedad civil pedirá a la CIDH que inste a los
Estados para que las pastillas de anticoncepción de emergencia sean
distribuidas gratuitamente en todos los hospitales y centros de salud público,
asimismo, que se informe de sus beneficios a fin de que se garantice que las mujeres tengan acceso a
este método de emergencia.
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