Pedro
Francke
Es preocupante la situación del agua potable y
alcantarillado en Lima: todavía 11,5 por ciento de la población de Lima y
Callao no tiene conexión de agua potable y 20 por ciento no tiene desagüe. La
contaminación de fuentes de agua por empresas mineras y petroleras es grave en
varios ríos del Perú, incluyendo el Rímac. Son indicadores realmente
vergonzosos que están a la cola de las capitales latinoamericanas.
El Programa Agua para Todos tan publicitado por
Alan García fue desastroso y corrupto. El congresista aprista Julio Herrera,
que había sido trabajador de SEDAPAL, utilizaba el seguro de salud y los carros
de la empresa pública en su propio provecho, habiendo además audios donde se
muestra que arreglaba licitaciones. Quienes pagan los platos rotos, por
supuesto, son los pobladores más humildes a quienes las redes de agua potable
no llegan.
El derecho al agua no es realidad en el Perú.
Ollanta Humala anunció el 28 de julio pasado una reforma constitucional por el
derecho al agua que no se ha concretado.
Pero la alternativa de privatizar las empresas de
agua no ha dado mejores resultados. El Perú ya tiene experiencia: la empresa
privada Aguas de Tumbes administra el agua potable en ese departamento desde el
2005, hace ya 7 años. Es bastante tiempo como para ver los resultados, y
la información de la SUNASS – la Superintendencia de Agua y Saneamiento -
indica que Tumbes tiene la segunda cobertura de acceso al agua más baja de todo
el Perú.
La empresa privatizada de agua de Tumbes ha
cumplido solamente el 42% de las metas comprometidas. Por ejemplo, se
comprometió a hacer 135 piletas en 5 años y solo hizo 8. Se comprometió a dar
agua 23,5 horas al día y no llega ni a 16. Debió instalar 9,967 conexiones de
alcantarillado y solo puso el 6% de esa cantidad.
Recientemente, en otros ámbitos de empresas de
servicios públicos concesionadas, hemos visto negociaciones poco transparentes.
Es el caso del Aeropuerto de Lima – a quien en una sexta (¡) renegociación del
contrato le está permitiendo cobrar TUUA a los pasajeros en tránsito lo que
elevará sus ingresos en más de 100 millones de dólares anuales.
Pensar que todo se resuelve simplemente
privatizando todas las empresas públicas por razones ideológicas no se condice
con los aprendizajes que la historia nos brinda. Tener un estado eficiente,
ajeno a la corrupción y que ponga por delante derechos básicos como el derecho
al agua es fundamental. Para eso queremos un SEDAPAL transparente y gerencial.
Artículo publicado en La Primera,
5 de abril de 2013
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