Especialistas piden política de planificación territorial

Una política de procesos de planificación es lo que plantearon los participantes al Foro Nacional de Ordenamiento Territorial. Expertos, representantes del Ministerio del Ambiente, de Agricultura y de Economía y Finanzas compartieron ponencias con los representantes de comunidades campesinas, quienes expusieron sus experiencias en procesos de ordenamiento territorial en sus territorios para un aprovechamiento potencial de sus recursos y una forma de emprender camino al desarrollo.

 

Shupluy es una comunidad campesina de Áncash que alberga 70 familias, es una de las comunidades pilotos que ha realizado su plan de ordenamiento territorial. Su alcalde, Guillermo Ybarra considera importante que el ordenamiento territorial empiece desde los distritos, pasando por las provincias y en coordinación con las regiones: “Solo de esta manera se podrá enlazar adecuadamente todos los aspectos necesarios en este proceso”, señala.

 

Coincidiendo con Ybarra, Clara Cruzalegui del Ministerio de Agricultura dijo que “se requiere conocer desde muy adentro la situación desde lo local, además de impulsar un equilibrio entre el desarrollo de las actividades económicas y las prioridades de cada localidad”.

 

Todos los representantes de las comunidades son conscientes del significado de la planificación del ordenamiento territorial: “si no mantenemos nuestros terrenos, evitamos que se deteriore la biodiversidad y cuidamos el agua, no podemos hablar de soberanía alimentaria, y sin ello no tenemos salud. Como autoridad, queremos que de aquí a 15 años nuestro distrito tenga más áreas para el agro, con lugares de conservación, en armonía entre todas las partes", agregó el alcalde de Shupluy.

 

Para trazar el camino del ordenamiento territorial se requieren verdaderas reformas y voluntades de todo tipo. La especialista el OT, Silvia Pasunni de Cooperacción considera que  se necesita aún mayor información de lo que implica la zonificación ecológica económica y ordenamiento territorial: “Debe servir de guía la gestión de conflictos no sólo socio ambientales sino de demarcación territorial, pues el OT implica seguridad alimentaria, gestión de conflictos, descentralización, gestión de riesgos, otras aristas del ordenamiento territorial”.

 

Siguiendo esta línea, el sociólogo Alejandro Chirinos, de Cooperacción dijo que “falta una Ley de OT, pero que eso no debe ser un obstáculo para seguir promoviendo el proceso. Hay que seguir levantando evidencias de que estos procesos sí funcionan y que se hacen más allá de la norma. El OT no es un instrumento sino un proceso para recoger la forma de ver de las comunidades y promover la inclusión social”.

 

Por su parte, como ponente de uno de los temas del foro: “Ordenamiento territorial, descentralización y gestión de conflictos”, Álvaro Campana de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, advirtió que “existe un desordenamiento territorial en el país que se basa en que el mercado puede regularlo todo, incluido el territorio. Tenemos una institucionalidad muy débil para regular esta situación. Si se sigue la lógica del libre mercado, la planificación es una mala palabra, las instituciones que deben hacer parte de las gestiones ambientales y de ordenamiento territorial están pasmadas. Y hay reformas detenidas como la descentralización al igual que los procesos de participación”, dijo.

 

Recordó, además, que los conflictos sociales se han multiplicado, especialmente, los de carácter socioambiental relacionados con las actividades extractivas. Además se refirió al modelo de desarrollo que se ha centrado en lo primario exportador y de acumulación. “Hablar de conflictos sociales no es negativo. Son propios de una sociedad democrática donde hay intereses diversos que muchas veces no son compatibles y necesitan ser negociadas”, dijo y agregó preocupado que “en el Estado prevalece el rol promotor de inversiones privadas antes que el de garante de derechos”.

 

Representando a los gobiernos rurales, David Quispe de la Red de Municipalidades Rurales del Perú considera que el Ordenamiento Territorial es una pieza clave para el desarrollo sostenible del país: “El OT debería trazar un plan: dejar que la minería avance y contamine el agua o que el Perú se convierta en la reserva alimentaria de Sudamérica”, dijo. Recordó que el 50% del país es rural dedicado a la actividad agropecuaria: “Cuando venga la crisis mundial los que menos han sufridos son las comunidades campesinas porque producen sus alimentos.”

 

Añadió que el 30% de la población se encuentra en las comunidades rurales y esa población es la que trabaja para dar seguridad alimentaria a las ciudades como Lima que concentra el 70% de la población. Sin embargo, Quispe señaló que aún el centralismo gobierna: “Las políticas aún se dictan desde el gobierno central hacia los gobiernos rurales. A pesar que los gobiernos rurales hemos aplicado la zonificación económica y ecológica (ZEE) no se articula con una política nacional donde se trabaje de una forma integral. Es el momento de generar políticas de Estado para trabajar sosteniblemente”.

 

Eduardo Ballón de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales –ANGR criticó que el gobierno nacional no viene impulsando una política de ordenamiento territorial. “Más allá de declaraciones no tiene intención de impulsar una ley de ordenamiento territorial. El Consejo de Ministros del 2012 encargó al Ministerio del Ambiente la propuesta de ley de OT, el Congreso tiene cuatro proyectos de ley de OT, el gobierno central le ha encargado al Acuerdo Nacional que consensue una política de OT, el CEPLAN está revisando las políticas de OT. En teoría todos estamos de acuerdo pero las voluntades políticas y las urgencias de los diferentes niveles de gobierno parecen no estar sintonizadas”.

 

Los expertos mencionaron que el ordenamiento territorial funcionará para hacerle frente, además, a los impactos del cambio climático: “el CEPLAN tiene que ser el ente regulador entre los distintos niveles de gobierno y coordinar directamente con el Ministerio de Economía y Finanzas el presupuesto para políticas agrarias, entre otros.

 

Finalmente, Alejandro Chirinos recordó que el ordenamiento territorial exige una profunda voluntad política que estimula una voluntad técnica y social  que se traduce en participación amplia para un proceso que exige legitimación para el desarrollo local. Representando a las ONG’s belgas que hicieron posible este foro, Pierre Rouschod de ADG –Perú pidió más involucramiento de los funcionarios del Estado para escuchar de cerca las experiencias de las comunidades y sus reales necesidades, dotándolas de los instrumentos necesarios para el ordenamiento de su territorio.