Escribe
Pedro Francke
Se
sabe poco que nuestro país ya tiene experiencia con una empresa de agua
privatizada: la compañía Aguas de Tumbes administra el agua potable en ese
departamento de nuestra frontera norte desde el 2005. Pasados más de 7 años, la
información de la SUNASS – la Superintendencia de Agua y Saneamiento - indica
que Tumbes tiene la segunda cobertura de acceso al agua más baja de todo el
Perú.
La
empresa privatizada de agua de Tumbes ha cumplido solamente el 42% de las metas
comprometidas. Por ejemplo, se
comprometió a hacer 135 piletas en 5 años y solo hizo 8. Se comprometió
a dar agua 23,5 horas al día y no llega ni a 16. Debió instalar 9,967 conexiones
de alcantarillado y solo puso el 6% de esa cantidad.
Recientemente,
en otros ámbitos de empresas de servicios públicos concesionadas, hemos visto
negociaciones poco transparentes. Es el caso de Telefónica – a quien se pasa
por alto una deuda tributaria de 3,500 millones de soles – y del Aeropuerto de
Lima – a quien en una sexta (¡) renegociación del contrato se le está
permitiendo cobrar TUUA a los pasajeros en tránsito lo que elevará sus ingresos
en más de 100 millones de dólares anuales.
Es
sin embargo también preocupante la situación del agua potable y alcantarillado
en Lima con SEDAPAL. Todavía 11,5 por ciento de la población de Lima y Callao
no tiene conexión de agua potable y 20 por ciento no tiene desagüe. Son indicadores
realmente vergonzosos que están a la cola de las capitales latinoamericanas.
El
Programa Agua para Todos tan publicitado por Alan García fue mucho ruido (y
robo) y pocas nueces. En el periodo anterior el congresista aprista Julio
Herrera, que había sido trabajador de SEDAPAL, utilizaba el seguro de salud y
los carros de la empresa pública en su propio provecho, habiendo además audios
donde se muestra que arreglaba licitaciones. En un país donde la corrupción es
alta y el estado ha sido muchas veces visto como un botín, las empresas públicas
no han estado ajenas a estos problemas. Quienes pagan los platos rotos, por
supuesto, son los pobladores más humildes a quienes las redes de agua potable no
llegan.
Peor
es el déficit de agua potable en zonas rurales: apenas 39 por ciento tiene
conexión de agua en su casa. La contaminación de fuentes de agua por empresas
mineras y petroleras es grave en varios ríos del Perú, incluyendo el Rímac. El
derecho al agua no es realidad en el Perú. Ollanta Humala anunció el 28 de
julio pasado una reforma constitucional por el derecho al agua que no se ha
concretado.
Una
alternativa a la problemática del agua en Lima y Callao tiene que articular de
manera inteligente una importante función estatal con las empresas privadas. Desde
hace décadas SEDAPAL hace todas sus inversiones mediante empresas constructoras
y no por administración directa, y nuevas formas de contratación deben
plantearse. Pero pensar que todo se resuelve simplemente privatizando toda la
empresa por razones ideológicas no se condice con la experiencia. Tener un
estado eficiente, ajeno a la corrupción y que ponga por delante derechos
básicos como el derecho al agua es fundamental. Así queremos SEDAPAL.
Publicado
en el Diario El Comercio, Lima 15 de marzo de 2013
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