El regidor de la Municipalidad de Lima, Marco Zevallos, presentó hoy ante mesa de partes del Jurado Nacional de Elecciones un petitorio solicitando investigar a fondo del “Informe económico del proceso de recolección de firmas” realizado por el grupo que pretende revocar a la alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Susana Villarán.
En vista de los casos saltantes de “financistas” fraudulentos a la campaña del SÍ, Marco Zevallos, pide al JNE investigar el financiamiento del proceso de revocatoria representado por Marco Tulio Gutiérrez. “Consideramos que el JNE debe fiscalizar los fondos que se utilizan para los procesos electorales, que se inicie las investigaciones sobre el informe presentado y no simplemente se dé cómo válido lo que Marco Tulio Gutiérrez está presentando”.
En el documento, Zevallos cita, por ejemplo, los casos de Manuel Valencia Huaranga, que según el Informe de los revocadores donó S/. 6,000 para apoyar la revocatoria y Víctor Villacis Egoávil, quien habría donado S/. 4,000 pero que, según un reportaje periodístico del programa “Reporte Semanal”, no tiene la capacidad económica para regalar esa cantidad de dinero.
“Como los medios de prensa han demostrado existe un conjunto de personas que en teoría aparecen como aportantes para este proceso sin embargo, son personas que no cuentan con los recursos económicos para sustentar ello. Hay incluso personas que no cuentan con los medios económicos y que sería imposible que pudieran haber efectuado estos niveles de aporte”, dijo Zevallos.
El regidor dijo que estas incongruencias enturbian el proceso y demuestra la inconsistencia de la revocatoria. “Lo que corresponde es emplazar a los revocadores a que sean claros, honestos y transparentes, que no le mientan a la población, a la ciudad y al Jurado Nacional de Elecciones. Solicitamos que el JNE fiscalice porque si no será convalidar lo que el señor Gutiérrez presentó.
Queda en manos del JNE llevar a buen puerto la denuncia: “la mesa de partes del JNE remitirá el documento a la Secretaría General para que determine a qué instancia correspondería la investigación. Esperamos que no medie mucho tiempo para que el JNE dé una respuesta y tome las acciones correspondientes”, precisó Zevallos. Agregó además que de comprobarse los hechos se incurría en delito contra la fe pública, los revocadores podrían ser acusados judicialmente por falsedad ideológica según el artículo 428º Código Penal con una pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años o por falsedad genérica según el artículo 438 con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.
“Ante ello Marco Tulio Gutiérrez tendría que responder ante la justicia. No solo el JNE sino la Fiscalía tendrá que tomar las medidas pertinentes”, finalizó Zevallos.
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